La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado la falta de respaldo suficiente entre las capitales de la UE para aprobar un gravamen sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas a nivel comunitario, tal y como han reclamado recientemente España, Alemania, Italia, Austria y Portugal en una carta dirigida a Bruselas.
En declaraciones a los medios este miércoles en Bruselas, ha admitido que hay un debate abierto sobre esta propuesta como parte del paquete de respuesta a la crisis energética ligada a la situación en Oriente Próximo, si bien ha avisado de que el contexto actual complica su aprobación.
“Hay que verlo”, ha indicado Ribera, recordando que un instrumento de naturaleza fiscal exige la unanimidad de los 27 Estados miembro y que, por ahora, “no parece que cuente con esa cobertura por parte de los gobiernos”.
En esta línea, la vicepresidenta ha precisado que la Comisión Europea examina esta cuestión a la luz de la experiencia de la crisis energética de 2022 y valora si es oportuno facilitar que los Estados adopten medidas a escala nacional dentro de su propio margen fiscal y siempre respetando el marco comunitario.
Bruselas analiza esta opción de forma paralela al diseño de su nuevo paquete de respuesta a la crisis energética en curso, en el que se plantea combinar reformas de calado con actuaciones de emergencia dirigidas a los sectores más golpeados por el encarecimiento de la energía.
“Es un paquete bastante equilibrado entre fortalecer medidas estructurales y medidas extraordinarias”, ha apuntado Ribera, insistiendo en la conveniencia de apoyarse en herramientas ya existentes y de evitar decisiones difíciles de mantener si la crisis se prolonga en el tiempo.
MEDIDAS PARA REDUCIR LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA
En este escenario, la vicepresidenta ha destacado que una parte esencial de la respuesta pasa por acelerar políticas ya previstas, entre ellas la electrificación, la ampliación y modernización de las redes o el impulso de contratos a largo plazo.
Al mismo tiempo, ha explicado que la Comisión estudia posibles ajustes del marco regulatorio vigente para dotarlo de mayor flexibilidad, en particular en ámbitos como las ayudas de Estado o los mecanismos vinculados al mercado de CO2, con el fin de sostener a los sectores más vulnerables al incremento del coste energético.
Ribera ha recalcado también que la coyuntura actual refuerza la urgencia de avanzar en eficiencia energética y en la reducción del consumo, en línea con las recomendaciones de los organismos internacionales, defendiendo que la contención y el ahorro continúan siendo instrumentos esenciales para contener la escalada de precios.
La Comisión tiene previsto presentar este conjunto de iniciativas a los jefes de Estado y de Gobierno la próxima semana, en la cumbre informal que se celebrará en Chipre, donde se abordará una respuesta coordinada de la UE ante el impacto del conflicto en los mercados energéticos.