La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha admitido este jueves que "va ser muy complicado" que el decreto ley sobre la prórroga de alquileres promovido por Sumar consiga el respaldo suficiente en el Congreso de los Diputados, "observando lo que han dicho los grupos políticos, especialmente las derechas".
Rodríguez ha respondido sobre esta cuestión durante su intervención en la jornada 'Habitar el mundo rural', organizada por el diario 'La Tribuna de Ciudad Real' en Pozuelo de Calatrava. Allí ha señalado que "desearía que no fuera así" y ha apuntado que Junts "no está por la labor". "Pero bueno, nunca en las negociaciones políticas hay que bajar los brazos".
La ministra ha subrayado que su planteamiento es "mucho más ambiciosa" que el de Sumar. Ha remarcado que "no creo solo que tengamos que proteger a los contratos que se firmaron en el 2020 y en el 2021, es que en el 2022, en el 2023, se firmaron muchos contratos. Y la anomalía es que los contratos que se han ido firmando después ya no han sido contratos residenciales, sino contratos temporales de apenas un año o de 11 meses".
En este contexto, ha recordado que en el Congreso se tramita ya una iniciativa que ella apoya y que pretende abordar de forma integral la regulación del mercado del alquiler, "con la especial atención puesta a esos contratos temporales que obligan a las familias a quedarse atrapadas y, por ejemplo, impiden después que los estudiantes encuentren un piso en alquiler temporal a un precio razonable".
Dar estabilidad al alquiler
Rodríguez ha defendido que es "muy importante" que el Gobierno garantice estabilidad a quienes viven de alquiler. Ha explicado que "vivimos en la anomalía de que en nuestro país, en ausencia de ese parque público de vivienda, la mayoría que están en alquiler no son de administraciones públicas, ni tan siquiera de grandes propietarios o fondos de inversión. Son mayoritariamente de personas particulares".
A su juicio, "este es el mercado que tenemos que regular y no obviarlo" y ha insistido en que en esa línea se orientan "todas las medidas" que el Ejecutivo está impulsando. Ha precisado que "concretamente, esta medida está muy pensada para zonas especialmente tensionadas, como es la Comunidad de Madrid, donde sus responsables políticos autonómicos han decidido no intervenir".
Para concluir, la ministra ha recalcado que "en cualquier caso nosotros vamos a seguir trabajando con otros instrumentos, como estos que hoy vamos a presentar aquí, para intentar dar estabilidad e ir avanzando en la consecución de ese derecho y del parque público, que es el objetivo final".