Rodríguez afirma que “no se rinde” y mantiene la negociación sobre incentivos a caseros y alquiler de temporada

Isabel Rodríguez insiste en que el Gobierno “no se rinde” y mantiene la negociación sobre incentivos fiscales a caseros, alquiler de temporada y escudo social.

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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha subrayado que el Gobierno “no se rinde” y continúa negociando un acuerdo para aplicar un incentivo fiscal a los propietarios que no incrementen el precio de la vivienda al renovar los contratos de alquiler, además de impulsar una nueva normativa específica para los alquileres de temporada.

“No es tirar la toalla, sino que necesitamos seguir avanzando en la conformación de ese acuerdo para proseguir”, ha señalado este jueves la titular de Vivienda, en respuesta a las informaciones de algunos medios que apuntan a que el Ejecutivo podría dejar aparcado el Real Decreto Ley que prevé una bonificación fiscal del 100% en el IRPF para los caseros que mantengan el precio del alquiler en las renovaciones.

Rodríguez ha defendido que la propuesta fiscal dirigida a los propietarios es “bastante razonable” y “de sentido común”, al considerar que contribuiría a abaratar el coste de los arrendamientos, aunque ha admitido que, “de momento”, la iniciativa no dispone de un respaldo amplio en el Parlamento.

En relación con la futura regulación de los alquileres de temporada, la ministra ha insistido en que su prioridad es sacar adelante esta norma, ya que, según ha remarcado, aportará “tranquilidad” a quienes viven de alquiler con un contrato fraudulento que no les ofrece estabilidad en su proyecto de vida.

Rodríguez ha insistido en la necesidad de activar todos los mecanismos disponibles para reforzar la oferta de vivienda en alquiler e incentivar a los propietarios particulares a poner sus inmuebles en el mercado, con el fin de aumentar el parque disponible.

Capacidad de acuerdo sobre la moratoria antidesahucios

Al ser preguntada por el Real Decreto Ley de “escudo social”, que contempla, entre otros puntos, la prórroga de la moratoria antidesahucios hasta 2026, la ministra ha recalcado que existe margen para el acuerdo y el entendimiento “hasta el último minuto”.

“Ayer yo vi algún partido posicionarse en contra, espero que vaya evolucionando también su posición porque creo que los ciudadanos que le han votado están mayoritariamente de acuerdo con el Real Decreto que se tramitó por parte del Consejo de Ministros”, ha apuntado Rodríguez.

Propuesta para reforzar a los proveedores sociales de vivienda

La responsable de Vivienda ha recibido este jueves una propuesta regulatoria de los proveedores sociales de vivienda, orientada a dotar de mayor solidez, estabilidad y proyección a este colectivo, con la intención de que se consoliden en el tiempo como una figura “clave” en el desarrollo del parque público de vivienda en España.

Isabel Rodríguez ha destacado el papel de estos proveedores sociales, que, según ha recordado, “no se limitan a promover y construir” vivienda, sino que también se encargan de gestionar el parque público y de prestar apoyo adicional a los inquilinos que requieren un plus de atención social.

“Son entidades que tendrán lucro limitado o no tendrán ningún lucro. Todo lo destinarán a esta política y lo que hemos acordado es trabajar ese texto que hoy han compartido con nosotros”, ha explicado la ministra.

Rodríguez ha detallado que este documento se compartirá con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Hacienda, y que en los próximos 20 días se ajustará el texto para dotarlo del máximo rigor jurídico.

La ministra ha recordado que la figura de los proveedores sociales de vivienda ya está recogida en el Plan de Vivienda Estatal, que se ha contado con ellos en la puesta en marcha de Casa 47 y que forman parte del Consejo Asesor de Vivienda.

En esta línea, ha avanzado que se escogerá el vehículo legislativo más adecuado para reforzar esta figura y que, de forma paralela, se desarrollará una labor divulgativa y de acercamiento a otros sectores para darla a conocer.

“El destino es incorporar de forma estructural a nuevos agentes que hoy, mañana, pasado mañana y dentro de 99 años sigan pensando que la vivienda es un derecho y que para garantizarla necesitamos una infraestructura pública que lo proteja”, ha concluido Rodríguez.