Rodríguez defiende la cofinanciación en el Plan de Vivienda e insta a las CCAA a no seguir la línea del PP

Isabel Rodríguez sostiene que la cofinanciación en el Plan de Vivienda es razonable y exige a las CCAA que no sigan al PP.

Archivo - La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha manifestado que la propuesta de cofinanciación en el nuevo Plan Estatal de Vivienda no es “descabellada” y ha solicitado a las comunidades autónomas que no se alineen “al dictado del PP y Feijóo”, sino que escuchen las demandas ciudadanas que claman por un pacto en materia de vivienda.

Estas declaraciones se ofrecieron durante la Conferencia Sectorial de Vivienda este jueves, luego de que el PP expusiera su oposición al plan, argumentando que el requerimiento de que las autonomías financien el 40% del mismo vulnera la igualdad entre españoles y la autonomía regional.

El plan contempla una inversión total de 7.000 millones de euros, siendo el 60% cubierto por el Estado y el 40% restante gestionado por las comunidades. Rodríguez ha recordado que en planes previos, las autonomías contribuían con el 25%, pero ahora se les solicita un mayor esfuerzo. La ministra ha cuestionado la asignación de los fondos de las autonomías, preguntando si realmente no pueden destinar más a vivienda.

En cuanto a las cifras, Rodríguez ha enumerado algunos ejemplos significativos de la contribución solicitada a diversas comunidades: Madrid debería aportar 75 millones de un presupuesto total de 28.600 millones; Valencia, 48 millones de 32.200 millones; Andalucía, 80 millones de 48.800 millones; y Castilla y León, 25 millones de 15.000 millones. La ministra ha enfatizado que lo pedido es una muestra de “corresponsabilidad presupuestaria” y ha expresado compromiso para conseguir más recursos incluso de instituciones europeas.

Rodríguez también ha criticado que las comunidades utilicen su posición para promover agendas partidistas en lugar de representar el interés general de los ciudadanos.

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