La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha acusado al Partido Popular de favorecer a sus “amiguetes” con la adjudicación de vivienda pública en las comunidades autónomas donde ostenta el poder, citando expresamente los casos de Alicante y Sevilla.
“El Gobierno está poniendo todos los recursos económicos para ampliar el parque público de vivienda en nuestro país ¿Y qué hacen ustedes? Vivienda protegida, sí, alguna vez, pero no para siempre ni para todos, para los suyos, como en Alicante o como hacen en Sevilla, con vivienda protegida de 350.000 euros que podrá descalificarse en apenas siete años para que sus amiguetes la vendan a 700.000”, ha indicado en la Sesión Plenaria del Congreso de los Diputados.
La ministra se pronunciaba así en su réplica al diputado del PP Sergio Sayas, quien había defendido que la izquierda es incapaz de afrontar la crisis de acceso a la vivienda, recordando que los precios se sitúan en máximos históricos en todas las provincias tras ocho años de gobiernos progresistas.
Sayas ha afirmado que la izquierda que Gobierno el país es “una estafa” e “hipócrita” porque se dedica a pisar “alfombra roja” o a “viajar en business”, mientras a los que dice representar no pueden pagar el alquiler o tienen que vivir en zulo por el que pagan lo mismo que antes costaba un piso entero.
Durante su intervención, Rodríguez ha dirigido parte de sus críticas al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presente en el hemiciclo, cuestionándole de forma directa sobre el modelo de gestión de la vivienda protegida en los territorios gobernados por su partido.
“¿Le gusta, señor Feijóo, que con el dinero de todos se lo queden unos pocos? ¿Le gusta, señor Feijóo, que el esfuerzo que estamos haciendo mil millonarios, en lugar de repartirse para la gente que necesita una casa, se lo queden unos pocos? ¿Le gusta, señor Feijóo, que en Sevilla una vivienda protegida cueste 350.000 euros? A mí no me gusta”, ha expuesto.
En este contexto, la titular de Vivienda ha arremetido también contra el bloqueo que, a su juicio, están ejerciendo varias comunidades autónomas —en su mayoría bajo gobierno del PP— a la aplicación de la ley de vivienda, que contempla medidas como la congelación de los alquileres. Asimismo, ha afeado al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que haya optado por recurrir la norma en lugar de centrarse en la persecución de los pisos turísticos ilegales.