La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha expresado este jueves su pesar por la ausencia de apoyos suficientes en el Congreso para que prospere el decreto ley del escudo social, y ha arremetido contra las formaciones que lo han bloqueado, al reprocharles que "intenten utilizar el bulo y la mentira mezclando situaciones de problemas sociales económicos de vulnerabilidad y relacionarlos con la delincuencia como es la ocupación".
Desde Albacete, Rodríguez ha dado prácticamente por descontado el rechazo de la iniciativa en la votación de este jueves, tras la negativa anunciada de Vox, Junts y Partido Popular al paquete de medidas "que incorporaban deducciones fiscales a las familias que han hecho obras de rehabilitación, el bono social térmico para los que no pueden asumir gastos eléctricos y que introducía un escudo social para proteger de los más vulnerables en situaciones excepcionales de cara a evitar que se puedan consumar desahucios", según ha remarcado.
La titular de Vivienda ha subrayado que las fuerzas de la oposición "si quieren votar en contra para dar una zancadilla al Gobierno, no necesitan la mentira ni ofender a las personas que pasan por esas dificultades".
Ante el previsible fracaso del decreto, Rodríguez ha asegurado que el Ministerio de Vivienda se pondrá "a trabajar técnicamente en colaboración con otros ministerios afectados, como el de Justicia o el de Derechos Sociales, para ver de qué manera damos respuesta a estas personas" que se verán afectadas por la caída de la norma.
Asimismo, ha avanzado que exigirán "responsabilidad" a las administraciones públicas con competencias directas en Protección Social y Vivienda "para que en este país no se produzca ni un solo desahucio de personas vulnerables".
Rodríguez ha recalcado que España "no sólo es un Estado de Derecho, sino también un Estado Social y todas las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de velar y atender a las personas que hoy están sufriendo una situación de vulnerabilidad".
La dirigente socialista ha admitido que "aún es demasiado prematuro para concretar la alternativa" que impulsarán a partir de ahora, insistiendo en que van "a fiscalizar la actuación de todas las administraciones públicas competentes para que den respuesta a todas las personas afectadas".