La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha instado a las formaciones con representación parlamentaria a cerrar un pacto que permita frenar las subidas de los precios del alquiler, bien mediante “incentivos o castigos” en el ámbito tributario.
“Se trata de llegar a acuerdos. Creo que es muy importante que los grupos políticos avancen en acuerdos, ya pueda ser en fiscalidad, con incentivos y con castigos, ya pueda ser en perseguir el fraude de temporada”, ha expuesto Rodríguez en una entrevista en ‘TVE’ recogida pro Europa Press al ser preguntada por una posible penalización en el IRPF a los caseros que suban el alquiler.
Según han confirmado fuentes del Ejecutivo a Europa Press, el Gobierno baraja emplear el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) como instrumento para sancionar a los propietarios que incrementen las rentas del alquiler.
De acuerdo con la información avanzada por ‘El País’, esta eventual penalización se limitaría a las subidas aplicadas al término del contrato, sin afectar al aumento anual vinculado habitualmente al IPC que ya contempla la legislación.
Fuentes del Ministerio de Hacienda han señalado a Europa Press que esta propuesta se está discutiendo con los grupos parlamentarios, después de que los socios del Gobierno hayan mostrado su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo de aplicar una bonificación del 100% en el IRPF a los arrendadores que mantengan congelada la renta en la renovación de los contratos de vivienda.
La responsable de Vivienda ha insistido en que el Ejecutivo maneja un paquete de medidas que actúa en dos planos: por un lado, la respuesta a la emergencia habitacional mediante un “escudo social” y, por otro, el desarrollo de la normativa ya vigente que permite congelar los alquileres.
“Si estás viviendo de alquiler y vives desasosiego porque piensas que te van a echar mañana o que te van a subir el alquiler, la gente tiene que saber que en este país hay una ley que permite congelar el alquiler y que si no se aplica es porque el PP no quiere y, por tanto, estas son unas medidas para abordar la crisis , como lo son los mecanismos fiscales que acompañan a esta norma de congelación de los alquileres, incentivos o castigos”, ha subrayado.
En la actualidad, la Ley por el Derecho a la Vivienda establece reducciones generales en el IRPF para quienes destinan una vivienda habitual al alquiler. Los dueños que firmaron el contrato con el inquilino antes del 26 de mayo de 2023 pueden aplicar una reducción del 60%, de modo que únicamente tributan por el 40% del rendimiento neto del arrendamiento.
Para los contratos de vivienda habitual suscritos a partir de esa fecha, la reducción estándar es del 50%, que puede elevarse al 60% si la vivienda ha sido rehabilitada en los dos años previos a la firma del contrato, o hasta el 70% cuando el inmueble se integra en un programa público de alquiler a precio de mercado.
Con el esquema de penalizaciones que estudia ahora el Gobierno, la reducción general del 50% se iría recortando progresivamente en caso de que el propietario eleve el precio del alquiler, hasta poder llegar a suprimirla por completo.
“Creo que hay algunos temas en la agenda parlamentaria muy importantes y que yo como ministra lo que hago es un llamamiento al acuerdo”, ha expuesto Rodríguez, que ha recalcado que el Gobierno ha trabajado un texto que tienen los grupos parlamentarios.
En esta línea, la titular de Vivienda ha reclamado a las fuerzas políticas en el Congreso ser “sensible” con los acuerdos en materia social o económica, al considerar que en ocasiones existe mayor sintonía con los profesionales del sector que dentro de la propia Cámara.
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