La modificación del sistema de financiación autonómica que impulsa el Gobierno implicaría un refuerzo de la capacidad financiera de las comunidades autónomas a costa de reducir el margen del Estado central, un cambio que, según ha advertido este martes S&P Global Ratings, podría trasladarse al rating soberano de España.
De acuerdo con la agencia, este eventual impacto sobre la calificación de la deuda española se explicaría porque las decisiones de gasto de las 15 comunidades de régimen común, al disponer de un volumen de recursos más elevado tras la reforma, influirían en mayor medida en la posición fiscal del conjunto del país.
S&P subraya que la posible revisión del modelo de financiación proporcionaría más fondos a los territorios y, en términos generales, tendría un efecto favorable sobre las cuentas de los gobiernos regionales. No obstante, advierte de que la estructura propuesta dejaría a las CCAA más expuestas ante una fase de desaceleración o una recesión económica.
Según sus cálculos, todas las autonomías verían incrementarse los recursos que reciben, con la excepción de Extremadura y Cantabria, que ya disfrutan de los niveles de financiación más elevados, si bien el efecto relativo sobre los presupuestos sería distinto en función de cada región.
Al mismo tiempo, S&P señala que la tramitación de la reforma afronta “importantes obstáculos” derivados de la actual fragmentación política y de la compleja aritmética parlamentaria. A ello se suma que algunas comunidades podrían rechazar la propuesta por una “percepción de injusticia” en el reparto relativo que resultaría del nuevo esquema.
“En el probable escenario de que el aumento de las transferencias a las regiones se gaste, al menos en parte, prevemos un impacto presupuestario negativo en el saldo de las Administraciones Públicas, salvo que se adopten medidas presupuestarias compensatorias”, ha resumido S&P en un informe sobre el asunto publicado este mismo martes.
Respecto al contexto actual, la agencia destaca que el fuerte crecimiento de los ingresos en los últimos ejercicios ha ido acompañado de un aumento significativo del gasto, pese al retorno de las reglas fiscales.
S&P apunta igualmente que las cuentas autonómicas tenderán a estabilizarse y que se producirán mejoras “automáticas” en las ratios de deuda, aunque estas seguirán dejando a las finanzas públicas expuestas ante posibles shocks o episodios adversos.
Por último, la firma prevé que los bancos ganen protagonismo en la financiación de las CCAA a través de préstamos y emisiones de bonos, al mismo tiempo que se reducirá la dependencia de las transferencias procedentes del Estado. En este escenario, S&P estima que las comunidades con un perfil fiscal más débil, como Murcia y Cataluña, recurrirán a una combinación de recursos públicos y privados.