La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha subrayado que numerosos sectores productivos han valorado positivamente el procedimiento de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno, destacando el peso de la mano de obra extranjera en la actividad económica. Según ha remarcado, “En algo que coincidimos todos es en que la economía sumergida daña nuestro país, daña a los tejidos productivos y, fundamentalmente, menoscaba derechos a personas que están ya en nuestro país”.
Saiz ha realizado estas declaraciones este jueves ante los medios de comunicación en Barcelona, antes de intervenir en un coloquio sobre migración junto a la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, organizado a raíz de la nota de opinión difundida por la entidad. En este contexto, la ministra ha insistido en que la política migratoria del Ejecutivo es “integral y transversal”.
Por su parte, Garcia-Milà ha puesto el foco en la contribución de la inmigración al crecimiento económico de España en las últimas décadas. Al mismo tiempo, ha reconocido que la dimensión y la rapidez de estos flujos “también ha puesto de manifiesto algunas limitaciones importantes del modelo actual” de desarrollo, apoyado en una productividad reducida y una elevada demanda de mano de obra.
Triple legitimidad de la medida
Además del respaldo económico, la titular de Inclusión ha reivindicado la triple legitimidad de la regularización, que incorpora también una vertiente política y otra social. Ha recordado que la iniciativa “coge el testigo” de la propuesta legislativa popular avalada por más de 700.000 firmas, entre ellas las de la Iglesia Católica, y que obtuvo el apoyo de una amplia mayoría en el Congreso.
Saiz ha precisado que el procedimiento de regulación se pondrá en marcha a comienzos de abril y permanecerá operativo hasta el 30 de junio. Durante ese periodo, “va a dar derechos y va a visibilizar a personas” que ya residen en España, reforzando así su reconocimiento jurídico y su integración en el mercado laboral formal.