El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha difundido este martes que San Sebastián, A Coruña, y otros 21 municipios de Navarra, han sido designados como zonas tensionadas, elevando a 301 el número total de municipios afectados en cuatro comunidades autónomas. Los municipios navarros incluidos son Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Estella-Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Valle de Elorz, Cintruénigo, Baztan, Alsasua, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta. En el País Vasco se incluyen Galdakao (Distrito 2) y San Sebastián, y en Galicia, A Coruña.
La categorización como zona tensionada es parte de la Ley por el Derecho a la Vivienda, que tiene como objetivo controlar los precios de alquiler en áreas donde los incrementos previos han sido excesivos. Se instaura un índice de precios de referencia basado en datos tributarios de alquileres declarados, obligando a los grandes propietarios a ajustar sus precios de acuerdo con este índice.
Adicionalmente, se crea la obligación de que las entidades gubernamentales implementen un plan de medidas urgentes para aumentar la oferta de alquiler y revertir la situación del mercado en tres años. Se establecen bonificaciones fiscales para los arrendadores que reduzcan las rentas y se limita el aumento de precios en nuevos contratos de arrendamiento, que deben alinearse con el precio del contrato anterior.
Según el Ministerio de Vivienda, más de 8,28 millones de personas residen actualmente en zonas de mercado tensionado en España, y se anticipa que Santiago de Compostela, Asturias y más municipios del País Vasco se añadirán a la lista. La Ley de Vivienda ha permitido la reducción de precios en zonas tensionadas en Cataluña y el desarrollo de 11.807 nuevos contratos de alquiler en esa comunidad.
«Usamos la política fiscal para penalizar a quienes especulan y para fomentar las conductas que favorecen al interés general», enfatizan desde el Ministerio, criticando el rechazo de las comunidades gobernadas por el PP. La ley busca proteger y expandir el parque público de vivienda, regular el mercado y mejorar las ayudas para garantizar el acceso a la vivienda.
Esta medida será efectiva desde el día siguiente a su publicación en el BOE.