El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado este viernes que, dentro del paquete de medidas anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros, se reforzarán las capacidades de supervisión y sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con el objetivo de impedir que cualquier empresa que reciba ayudas del plan de respuesta a la guerra en Irán “saque tajada” de la situación.
En su comparecencia tras el Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes, Sánchez ha remarcado que “se castigará con dureza” a las compañías que, siendo beneficiarias de estas ayudas, se aprovechen de la crisis para su propio “enriquecimiento” o de las ayudas del Estado “que pagan con sus impuestos los ciudadanos”.
“Es un dinero que pagan los ciudadanos con sus impuestos y debe volver íntegro a ellos. Por tanto, creo que un Gobierno y las autoridades competentes, lo que no podemos tolerar es que, por pura codicia, algunos intenten sacar tajada de esta guerra”, ha insistido el jefe del Ejecutivo, defendiendo la necesidad de blindar el interés general frente a comportamientos especulativos.
Sánchez ha cifrado en 5.000 millones de euros el volumen que movilizará el paquete de medidas aprobado para hacer frente al impacto económico de la guerra en Irán, un plan que incluye 80 actuaciones y que, según ha señalado, beneficiará de forma directa “a los 20 millones de hogares” existentes en España y a tres millones de empresas.
De acuerdo con fuentes de la coalición, el decreto de medidas anticrisis incorpora un control más estricto sobre los márgenes empresariales de las compañías dedicadas al suministro de combustibles, con el fin de evitar incrementos injustificados y posibles abusos.
En este sentido, el Gobierno de coalición ha decidido intensificar la supervisión de los márgenes de estas empresas a través de Competencia y habilitar al Consejo de Ministros para poder fijar límites a sus beneficios cuando resulte necesario para proteger a consumidores y usuarios.
Para hacer efectiva esta potestad, se modificará la Ley del sector de hidrocarburos, en concreto su artículo 116, con el propósito de precisar la competencia sancionadora de la CNMC en este ámbito. Al mismo tiempo, se prevé implantar un sistema de seguimiento más estrecho de la evolución del mercado mediante informes periódicos y la solicitud de información adicional a los distintos agentes implicados.
Sánchez ha defendido esta reforma apelando a la necesidad de una “mayor transparencia” y “capacidad de respuesta” ante posibles “desmanes que por pura codicia puedan perpetrar” determinadas empresas, y ha apuntado que medidas similares se están aplicando en numerosos países para reforzar la protección de los consumidores y usuarios.