El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto comparecer este viernes ante la prensa tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario, en el que se aprobará el plan integral para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán sobre la economía española.
Aunque todavía no se han concretado todas las medidas, el Ejecutivo ya ha avanzado que se tratará de un paquete “proporcional, perimetrado y focalizado” en contener el impacto del encarecimiento de los combustibles y de la factura eléctrica.
Después de varias reuniones con agentes sociales, representantes de los sectores más golpeados por el conflicto y los distintos grupos parlamentarios, el Gobierno presentará un plan articulado en cuatro grandes bloques: medidas estructurales, actuaciones de carácter fiscal, apoyo específico a los sectores más afectados y un escudo social destinado a los colectivos más vulnerables.
La primera pata, de carácter estructural, se centra en reforzar la apuesta por las energías renovables y la electrificación, impulsando las comunidades energéticas, el autoconsumo o las bombas de calor, entre otros instrumentos.
El segundo eje busca abaratar el coste energético y eléctrico mediante medidas fiscales. El tercero se orienta a amortiguar el impacto del repunte de los carburantes, con especial atención al sector agrario, la pesca, los transportistas y las industrias electrointensivas y gasintensivas. El cuarto bloque recoge medidas de protección social, como la garantía de que no se produzcan cortes de suministro energético a los hogares más vulnerables.
Medidas descartadas por el momento
El Gobierno descarta, al menos por ahora, recuperar la bonificación generalizada al precio de los combustibles, similar a la aplicada durante la guerra de Ucrania de 20 céntimos por litro, así como reintroducir la rebaja del IVA de los alimentos.
Asimismo, tanto la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda como el ministro de Economía han dejado entrever que el decreto no incorporará medidas como la prohibición de desahucios a personas vulnerables ni la prórroga automática de los contratos de alquiler que vencen este año y el próximo, al no existir una mayoría suficiente en el Congreso para respaldarlas.
“Nosotros incorporaremos las medidas que cuenten con consenso”, ha dicho Montero esta semana, al ser preguntada sobre si el decreto incluirá medidas de vivienda que están reclamando Sumar y otros socios de izquierda.
La titular de Hacienda ha añadido que, hasta la fecha, la Comisión Europea ha señalado que no contempla flexibilizar las reglas fiscales por el impacto del conflicto en Oriente Próximo, si bien el Gobierno espera que, en caso de prolongarse la guerra, Bruselas pueda revisar esta postura.
Tramitación urgente en el Congreso
El Congreso debatirá y someterá a votación el próximo jueves, 26 de marzo, el decreto ley con el que se pretende mitigar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán.
Como ocurre con todos los decretos ley, las medidas entrarán en vigor de forma inmediata tras su aprobación en el Consejo de Ministros, pero deberán ser convalidadas o derogadas por el Pleno del Congreso en un plazo máximo de treinta días. La Junta de Portavoces ha acordado que, una vez registrado el texto, se califique de forma urgente en la Mesa de la Cámara para incluirlo en el orden del día del próximo Pleno y evitar retrasos en su convalidación.
Desde el Gobierno insisten en que el plan tendrá la suficiente flexibilidad para ir “adaptando y adoptando” nuevas medidas en función de cómo evolucione la situación internacional y su impacto en la economía española.