El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un conjunto de 15 medidas anticorrupción que incluyen incrementar las penas por estos crímenes, extender el periodo de prescripción y establecer listas negras de empresas sancionadas para prevenir que estas contraten con la administración pública.
Durante su intervención en el Congreso, tras la detención preventiva de Santos Cerdán, ex alto cargo del PSOE, Sánchez reveló su intención de formar una agencia anticorrupción independiente y modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para mejorar la protección a los informantes de delitos de corrupción.
El presidente ha indicado que estas iniciativas se han desarrollado en el último mes con el apoyo de Sumar, su socio de coalición, y expertos de la OCDE.
Además, anunció la creación de nuevas secciones judiciales especializadas en delitos contra la administración pública y procedimientos sumarios para casos que involucran a funcionarios públicos, buscando evitar retrasos que afectan la confianza ciudadana.
MÁS CONTROLES
La ‘Agencia de Integridad Pública Independiente’ se encargará de prevenir, supervisar y perseguir las prácticas corruptas, unificando funciones que antes se repartían entre varios organismos, lo que, según Sánchez, causaba ‘ineficiencias y vacíos de coordinación’.
Se intensificarán los controles en toda la administración pública, adoptando metodologías usadas en la gestión de fondos europeos de recuperación y se implementarán ‘mapas de riesgo’ para identificar vulnerabilidades en procesos críticos de contratación y gestión presupuestaria. Se planea usar inteligencia artificial para detectar automáticamente patrones anómalos o ‘indicios de fraude’.
En cuanto a la transparencia corporativa, Sánchez quiere que las empresas adopten sistemas de ‘compliance’ y ‘pactos de integridad’ en contratos públicos, y ha propuesto controles patrimoniales aleatorios para altos cargos y una reducción en el plazo para publicar las cuentas de partidos y fundaciones tras recibir donaciones.
AGRAVAR ‘UN TERCIO’ LAS PENAS
Para aquellos que denuncien corrupción, se busca reformar la Lecrim para garantizar ‘plenas garantías de confidencialidad, protección y apoyo legal’. Se exigirá a empresas y administraciones la incorporación de canales internos de denuncia.
En el ámbito judicial, se propone agravar ‘un tercio’ las penas de cárcel y hasta 15 años de inhabilitación absoluta, vinculando beneficios penitenciarios a la restitución completa de lo obtenido por prácticas corruptas.
SANCIONES A EMPRESAS Y PARTIDOS
Se planea aumentar las multas a empresas corruptas basándose en sus ingresos anuales y no solo en beneficios, y se implementará un sistema de exclusión y listas negras para evitar que empresas sancionadas contraten con el sector público.
RECUPERAR BIENES, ENCUESTAS Y CURSOS DE FORMACIÓN
Sánchez también ha propuesto aumentar los recursos de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, introducir el ‘decomiso administrativo o preventivo’ y promover una ‘cultura de la integridad’ a través de estudios anuales sobre percepción de corrupción y campañas de concienciación.
Sánchez asegura que su plan es ‘ambicioso realista y honesto’ y ha acordado con la OCDE un seguimiento para evaluar los avances en la lucha contra la corrupción.
Finalmente, Sánchez ha defendido que la corrupción en España no es ni endémica ni sistémica, aunque reconoce que sigue siendo un problema que afecta negativamente a las instituciones y al desarrollo económico del país.