QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido ‘banco malo’, ha puesto en marcha una licitación para contratar a una compañía externa que se encargue de verificar que alrededor de 12.000 inmuebles, entre viviendas y suelos, se ajustan a las condiciones fijadas para su traspaso al futuro parque público de alquiler asequible, cuya gestión asumirá Sepes, que pasará a denominarse Casa 47.
Esta contratación se integra en la estrategia del Ejecutivo para ampliar el parque público de vivienda en arrendamiento a precios moderados mediante la incorporación de activos gestionados por Sareb. Hasta la fecha se han localizado 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos susceptibles de incorporarse a dicho parque, con un valor de mercado estimado en unos 5.900 millones de euros y una capacidad potencial superior a 55.000 viviendas.
Para que estos inmuebles puedan formar parte del programa, el Consejo de Ministros estableció el pasado verano una batería de criterios. Entre ellos figuran requisitos geográficos (ubicación en determinadas zonas y municipios) y económicos (relacionados con el precio por metro cuadrado y el valor de tasación), además de condiciones técnicas. En el caso de las viviendas, se exige que los edificios y los hogares no presenten «patologías estructurales» y que reúnan unas condiciones de habitabilidad adecuadas.
En la documentación de la licitación, Sareb argumenta que no dispone de los recursos, medios técnicos ni acreditaciones profesionales necesarias para llevar a cabo directamente esta certificación «en los plazos y con el alcance previsto». Por ello, recurre a una empresa especializada que asuma estas tareas.
Asimismo, la sociedad remarca que el concurso responde a la «necesidad de atender» la petición de Sepes —organismo que, tal y como ha avanzado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se transformará en Casa 47— para entregar la documentación que acredite que los activos que Sareb transferirá cumplen las condiciones marcadas por el Consejo de Ministros.
Según se detalla en los pliegos, el servicio se prestará «únicamente» cuando Sareb o sus servicers (Aliseda/Anticipa e Hipoges) lo requieran expresamente, y los activos a revisar estarán previamente delimitados en un perímetro que será facilitado y descrito. No obstante, la ejecución del servicio sobre ese inventario se hará por encargos concretos, ya sea por inmueble individual o por grupos de activos pertenecientes a una misma promoción.
El perímetro de trabajo previsto ronda los 12.000 activos repartidos por todo el territorio nacional, aunque la cifra podría ajustarse en función de la estrategia que adopte Sareb en cada momento.
La empresa adjudicataria tendrá que inspeccionar físicamente todos los elementos de cada inmueble (vivienda, garaje y trastero), así como las zonas comunes. En el caso de los suelos, deberá desplazarse al terreno para comprobar su estado, la necesidad de labores de limpieza o vallado y la existencia de posibles ocupaciones o construcciones ya levantadas.
Tras estas visitas, la compañía elaborará un informe de certificación de calidad que incluya, entre otros aspectos, un ‘check list’ con los requisitos verificados, material fotográfico de la inspección y, cuando proceda, un informe específico con las incidencias que impiden la certificación y el traspaso del activo.
Para cada encargo, la adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de 20 días hábiles desde la comunicación formal del mismo. Este periodo podrá ampliarse hasta 10 días hábiles adicionales si durante la primera visita se detectan elementos que dificulten la certificación del activo. Además, Sareb contempla la posibilidad de prorrogar los plazos cinco días naturales más por causas ajenas a la empresa contratada.
El contrato está valorado en 4,4 millones de euros, impuestos incluidos, y el plazo para la presentación de ofertas concluirá el próximo 17 de diciembre a las 10.00 horas.
