La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos ha anunciado una nueva medida que permitirá a las empresas que cotizan en bolsa evitar que sus inversores participen en demandas colectivas (‘class-action lawsuit’). Esta decisión, impulsada por el presidente de la entidad, Paul Atkins, busca revitalizar las Ofertas Públicas Iniciales (‘IPOs’) bajo su mandato.
Con este cambio, las compañías ya no serán suspendidas de los mercados públicos por impedir que sus accionistas se agrupen en este tipo de litigios. Este giro en la política rompe con una tradición respaldada por administraciones previas, tanto demócratas como republicanas.
Además, el nuevo enfoque permitirá a las empresas estadounidenses optar por un sistema de arbitraje para resolver las quejas de los accionistas, excluyendo estos casos del sistema judicial tradicional.
La SEC busca con estas medidas una mayor flexibilidad en el cumplimiento de la normativa y una reducción de la regulación, alineándose con las políticas del presidente Donald Trump. Atkins, por su parte, pretende hacer más atractivas las salidas a bolsa al reducir ‘los requisitos […] que no proporcionen protección sustancial a los inversores’, lo que según él, ‘minimizará la incertidumbre regulatoria’ y simplificará la ‘complejidad legal’ en estas operaciones.