Entre 2022 y 2024, las entidades bancarias llevaron a cabo aproximadamente 7.500 transacciones, con un valor estimado de 860 millones de euros, amparadas por el Código de Buenas Prácticas para deudores en situaciones de vulnerabilidad. Así lo refleja el informe ‘La contribución del sector bancario al crecimiento económico y el progreso de la sociedad’, elaborado por las asociaciones bancarias AEB, CECA y Unacc.
Según el documento, existen dos versiones del Código de Buenas Prácticas: una instaurada en 2012 y otra en 2022. Estos códigos están diseñados para facilitar la reducción de la carga hipotecaria a personas al borde de la exclusión o en riesgo de vulnerabilidad, respectivamente.
El código inicial, desde su implementación en 2012 y su actualización en 2022, ha permitido que cerca de 70.000 familias renegocien los términos de su hipoteca para ajustarlos a su capacidad económica. Por otro lado, el código más reciente promueve, entre otras opciones, la conversión de hipotecas de tipo variable a fijo y la amortización de préstamos sin comisiones para aquellos con ingresos más elevados.
La activación de estos códigos en noviembre de 2022 fue impulsada por el aumento acelerado de los tipos de interés por el Banco Central Europeo (BCE) en respuesta a la alta inflación. Esta situación llevó a negociar nuevas medidas con los bancos para aliviar la carga de los hipotecados con préstamos a tipo variable, especialmente tras el aumento del Euríbor, que pasó de negativo a más del 2% en 2022 y alcanzó el 4% en 2023.
Las asociaciones bancarias destacan que, gracias a estas medidas y a un entorno económico favorable, la proporción de hogares con una carga financiera alta se redujo del 4,6% al 4,1% entre 2022 y 2024, siendo aún más notable esta disminución en el quintil de ingresos más bajos, donde bajó del 12% a menos del 10%.