La Confederación Española de Comercio (CEC) ha expresado su satisfacción tras la decisión del Congreso de los Diputados de no aprobar la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin reducción de salario, enfatizando la importancia del respeto por el diálogo social.
“Desde la CEC entendemos que este resultado refuerza el papel del diálogo social como la vía adecuada para abordar cuestiones de gran calado como la jornada laboral”, señaló la entidad mediante un comunicado.
Para la CEC, es fundamental que cualquier cambio significativo que afecte a las empresas y trabajadores provenga de un consenso y no de una imposición unilateral del poder legislativo. “El Congreso ha reconocido con esta decisión la importancia de que los cambios en materia laboral no se impongan de manera unilateral, sino que se adapten a la realidad de cada sector y de cada territorio, siempre a través de los instrumentos de negociación que prevé nuestra Constitución”, declaró Rafael Torres, presidente de la CEC.
REDUCCIÓN DE JORNADA: POSIBLE SOBRECOSTE DE HASTA 3.866 MILLONES
La CEC destaca que el sector del comercio minorista, compuesto por más de 393.000 empresas, en su mayoría pymes y autónomos, podría enfrentarse a un sobrecoste de hasta 3.866 millones de euros por las modificaciones en la jornada laboral, en un periodo de aumento significativo de los costos operativos.
Además, la organización advierte que la necesidad de presencia física en los puntos de venta del comercio de proximidad complicaría la compensación de las horas laborales reducidas, afectando la competitividad del sector. “Muchos pequeños comercios”, limitados en su capacidad de reorganización, “se verían obligados a reducir hasta 120 horas de apertura al año, debilitando aún más su posición frente a grandes superficies y plataformas ‘online’”.
La CEC espera que la votación reciente sea un punto de inflexión para futuras discusiones sobre la jornada laboral, instando a que se considere la realidad específica del comercio de proximidad en cualquier futura reforma laboral, un sector que representa el 12,3% del tejido empresarial nacional, contribuye con el 4,9% al PIB y emplea a 1,43 millones de trabajadores asalariados, además de casi medio millón de autónomos.