El ámbito eólico ha solicitado un entorno regulatorio «estable», que brinde interpretaciones jurídicas «únicas y coherentes» para asegurar la certidumbre en las inversiones y facilitar procedimientos más ágiles entre las administraciones para la tramitación de proyectos.
En la apertura de la jornada de Análisis Operativo de Parques Eólicos, organizada por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Rocío Sicre, presidenta de la organización, destacó los desafíos que enfrentan los nuevos proyectos eólicos debido a «plazos de tramitación excesivamente largos que comprometen el cumplimiento de los objetivos de crecimiento».
Sicre enfatizó la importancia de asegurar la seguridad jurídica para las inversiones con un marco regulatorio que brinde certeza, y mencionó la necesidad de aplicar el concepto de Interés Público Superior en los proyectos eólicos.
«Es prioritaria la ejecución de las sentencias del TJUE y del TS en Galicia a favor de los proyectos eólicos y la tramitación realizada por la Xunta de Galicia, para desbloquear más de 2.800 megavatios (MW) – más de 3.500 millones de euros de inversiones – que están paralizados por el TSXG desde hace tres años», agregó.
La presidenta también resaltó el papel fundamental de la eólica, que representa para España más de 32 gigavatios (GW) instalados y aporta cerca del 23% de la electricidad consumida, siendo la principal tecnología del mix energético. Además, advirtió sobre los «desafíos globales» que enfrenta, como la competencia de la industria china con «costes bajos», o la guerra global de aranceles entre mercados estratégicos como Estados Unidos.
LA REPOTENCIACIÓN «NO ESTÁ DESPEGANDO AL RITMO QUE DEBERÍA»
Sicre señaló que la repotenciación podría aumentar significativamente la producción eólica con un menor impacto ambiental y territorial, aunque destacó que «no está despegando al ritmo que debería» y enfrenta un proceso de aprobación más complicado que el de un parque nuevo, con múltiples riesgos y resultados de mejora no siempre evidentes.
Finalmente, hizo un llamado para implementar herramientas regulatorias que permitan acelerar la repotenciación, tomando en cuenta el impacto ambiental diferencial y la realidad económica de estas instalaciones.