Este miércoles, el Senado ha ratificado de manera definitiva la Ley de servicios de atención al cliente, que incluye una cláusula para disminuir el IVA a productos alimentarios como carnes, pescados, conservas y huevos, a pesar de los intentos del Gobierno de bloquear esta medida utilizando su autoridad constitucional.
El PP, haciendo uso de su mayoría absoluta en el Senado, ha incorporado una serie de enmiendas significativas a la ley mencionada. Estas modificaciones ahora han sido remitidas al Congreso para determinar si se integrarán finalmente en la legislación.
Una de las modificaciones propuestas establece una reducción del IVA para varios alimentos desde el 1 de enero de 2026 hasta el 30 de junio de ese año, fijando un 4% para carnes, pescados y conservas y eliminando el impuesto para productos como leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres.
El PP ha argumentado, según informaciones de Europa Press, que la subida de precios en algunos alimentos esenciales ha forzado a muchos consumidores a optar por productos menos saludables, aumentando el riesgo para su salud.
La próxima semana, el PP defenderá en el Pleno del Congreso una proposición no de ley para solicitar al Gobierno la reducción de impuestos a los alimentos antes mencionados.
EL CONGRESO DECIDIRÁ SI SE VOTA
El Gobierno, en su intento de bloquear esta enmienda, presentó un escrito de disconformidad en el Senado, apelando a su derecho constitucional de prevenir cualquier medida legislativa que pueda resultar en «un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios».
La Administración estima que esta medida podría significar una pérdida de recursos de aproximadamente 3.780 millones, según el documento de disconformidad citado por Europa Press. No obstante, la Mesa del Senado, dominada por el PP, no admitió a trámite este veto y la enmienda continuó su proceso legislativo sin obstáculos.
Ahora, el Congreso deberá decidir si procesa esta enmienda o la bloquea, como ha ocurrido antes con otras leyes, situación que ha originado conflictos de competencias que han requerido la intervención del Tribunal Constitucional.