QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La sesión plenaria del Senado este miércoles ha dado luz verde a la Ley de Movilidad Sostenible, enviándola al Congreso con un paquete de más de 80 enmiendas propuestas por el PP. Entre las modificaciones más destacadas figuran la eliminación del cronograma para el cierre de plantas nucleares, la paralización de los incrementos en las tasas de Aena y la reintroducción de compensaciones por demoras en Renfe.
La próxima semana, el Congreso debatirá estas enmiendas durante su pleno. Tras este proceso, el documento será oficializado en el Boletín Oficial del Estado para su ratificación final.
En una previa comisión del Senado, el dictamen de la ley con estas enmiendas fue aprobado mayoritariamente por el PP, con la abstención de Junts, ERC y PNV. Durante el pleno de aprobación para su remisión al Congreso, los 145 senadores del PP se abstuvieron, mientras que 113 votaron a favor, incluidos los 88 del PSOE; Vox, por su parte, votó en contra.
En el Congreso, la ley había sido previamente aprobada con apoyo de varios partidos, incluido el PSOE, frente a la oposición de PP, Vox y UPN, y la abstención de Podemos. En el Senado, Vox trató de bloquearla totalmente, pero el PP decidió devolverla al Congreso con sus enmiendas, buscando la aprobación de algunas junto a otros partidos del ‘bloque de investidura’.
INDEMNIZACIONES EN RENFE
Una de las propuestas del PP es restablecer las indemnizaciones por retrasos en los trenes de alta velocidad, ofreciendo la devolución del 50% del precio del billete si el retraso supera los 15 minutos, y el 100% si excede los 30 minutos. En septiembre, un 16,2% de los trenes sufrieron retrasos mayores a 15 minutos, y un 7,8% superaron la media hora.
Otras enmiendas propuestas incluyen la congelación de las tasas aeroportuarias hasta 2031 y una revisión del plan de concesiones de autobuses estatales en contraste con el actual diseño gubernamental.
La legislación aprobada inicialmente en el Congreso contempla medidas como la revisión de las etiquetas medioambientales de la DGT para incluir las emisiones de CO2 y obligar a las gasolineras a disponer de al menos un punto de recarga para vehículos eléctricos. Además, se reducen los requisitos para que las empresas implementen planes de movilidad sostenible.
Esta ley, que proviene de la legislatura anterior, es uno de los requisitos que la Comisión Europea ha establecido para que España pueda acceder a aproximadamente 10.000 millones de euros en fondos europeos.
