La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha calculado que las necesidades de inversión en España, únicamente para conservar y mantener en buen estado las infraestructuras ya construidas, alcanzan los 127.341 millones de euros en los próximos diez años, lo que equivale a un desembolso cercano a 12.700 millones de euros cada ejercicio.
No obstante, el país deberá también levantar nuevas infraestructuras y adaptar parte de las existentes, lo que exige otros 280.000 millones de euros adicionales. De este modo, el volumen total de inversión necesario en infraestructuras en España durante la próxima década se eleva hasta 407.341 millones de euros.
En el apartado de conservación, los 127.341 millones de euros estimados se reparten en 58.369 millones destinados al mantenimiento de carreteras, 20.280 millones para la red ferroviaria y 48.692 millones para infraestructuras hidráulicas.
“Es preocupante que en 2024 invirtamos solo el 52% de lo que se invertía en 2009 y que áreas tan urgentes como el transporte, el abastecimiento de agua y la gestión de aguas residuales hayan pasado de representar el 3,9% del gasto público total en 2008 al 1,7% en 2024. Es momento de pasar de una etapa de infrafinanciación a una de impulso decidido, con visión estratégica y una apuesta firme por la inversión y la colaboración público-privada”, ha señalado este lunes el presidente de Seopan, Julián Núñez, en una rueda de prensa.
Ante este escenario, la patronal de las concesionarias defiende un giro en el modelo apoyado en tres ejes: un incremento de la inversión pública, la reactivación de la colaboración público-privada y la puesta en marcha de nuevas vías de financiación.
En esta línea, sostiene que la implantación de sistemas de pago por uso en la red viaria es la opción más eficiente para asegurar el mantenimiento y la calidad de las carreteras sin subir impuestos ni poner en riesgo otros servicios públicos.
Seopan ha estimado que un esquema de tarificación por distancia recorrida, con un coste medio de 111 euros al año por usuario, podría generar hasta 43.260 millones de euros en diez años. Estos recursos se destinarían a la conservación de la red viaria, la transición ecológica y la digitalización, además de aportar 4.100 millones de euros de recaudación por el impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales (Bices) en 2.680 municipios.
Revisión de precios y contratación pública
Por otro lado, Núñez ha alertado del efecto adverso de la inflación asociada al conflicto en Oriente Medio, con previsiones de entre el 3,2% y el 3,6% en 2026. En consecuencia, plantea recuperar y actualizar los mecanismos de revisión excepcional de precios del Real Decreto-ley 3/2022 (aprobado por la guerra en Ucrania), incorporando como conceptos revisables la energía y la mano de obra y eliminando los límites actuales para su reconocimiento y pago.
Asimismo, ha pedido acometer una profunda modernización del marco regulador y de la práctica de la contratación pública, mediante una adaptación técnica acotada de la Ley de Contratos que resuelva los problemas detectados en su aplicación y permita reforzar el cumplimiento de plazos y presupuestos. También reclama dejar sin efecto la normativa de desindexación en los contratos públicos y aprobar un nuevo texto legal que impulse y recupere plenamente la colaboración público-privada.