QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) ha sido beneficiada con una asignación financiera que supera los 1.500 millones de euros al finalizar 2023, proporcionados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, destinados a fomentar el desarrollo de aproximadamente 16.800 viviendas.
Esta información proviene del Informe de fiscalización de la actividad de Sepes en la gestión de vivienda pública, correspondiente al periodo 2018-2023, el cual fue ratificado por el Tribunal de Cuentas. El análisis se enfocó en las iniciativas vinculadas al Plan de Vivienda de Alquiler Asequible (PVAA), evaluando los convenios y contratos ejecutados y la administración del patrimonio inmobiliario de la entidad. El objetivo fue verificar la adherencia a la legislación y evaluar la eficacia en la provisión de vivienda protegida.
Entre los hallazgos destacados del informe, resalta la preocupación sobre los extensos plazos de ejecución urbanística, que prolongan de manera significativa el tiempo entre la manifestación de la necesidad habitacional y su satisfacción. Las causas de estos retrasos incluyen la distribución de competencias entre diversas administraciones territoriales y los requisitos legales para la tramitación de estos proyectos, lo que podría comprometer la efectividad de los resultados deseados.
Además, se ha registrado un incremento en los costes globales de las actuaciones, estimándose un 18% más para finales de 2024 en comparación con las cifras de 2022. En cuanto a la comercialización, se observa que algunas promociones iniciadas hace más de diez años no han concluido sus ventas, generando costes adicionales de mantenimiento y conservación de propiedades.
El Tribunal de Cuentas reconoce que Sepes ha cumplido en gran medida con los requisitos legales en cuanto a convenios, contratos y gestión patrimonial, aunque se identificaron áreas de mejora como la falta de reuniones de seguimiento, la no actualización de convenios a la Ley 40/2015 y parcelas sin un destino definido. Además, se señala la necesidad de mejorar los recursos de Sepes en tecnologías de la información.
Como medidas correctivas, el Tribunal de Cuentas recomienda mejorar la planificación de las operaciones urbanísticas con estudios de demanda realistas, aumentar la coordinación con las administraciones involucradas y diseñar un plan efectivo para la comercialización del ‘stock’ de inmuebles sin vender, asegurando que las viviendas públicas sean accesibles a los ciudadanos en las condiciones adecuadas.
