Siete de cada diez compañías en España de los sectores de industria y construcción ya incorporan normas técnicas en su actividad y obtienen efectos favorables de su uso. Sin embargo, cerca de tres de cada diez no dan el paso de certificarlas, de acuerdo con un informe del Centro de Estrategia y Prospectiva Industrial (CEPI), organismo promovido por el Ministerio de Industria y Turismo y la Fundación EOI (Escuela de Organización Industrial).
El estudio “Impacto económico de la normalización en España”, desarrollado con una doble perspectiva macroeconómica y microeconómica, examina el periodo 1980-2022 y se basa en la guía metodológica internacional de ISO, lo que hace posible comparar los resultados con los de otras economías. En el plano microeconómico, una encuesta a 600 empresas industriales ha permitido medir el efecto real de la normalización sobre la competitividad de las compañías.
“La normalización tiene un impacto positivo y significativo sobre el crecimiento económico y la productividad, para el conjunto de la economía y sus sectores, y es una importante vía para la mejora de la competitividad empresarial, con una aplicación que varía significativamente según el tamaño” de las compañías, concluyen los autores.
Según las estimaciones de la entidad, impulsada por el Ministerio de Industria y Turismo y la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI), en ese intervalo la normalización habría aportado un incremento del 14,7% del PIB real, equivalente a 140.680 millones de euros.
En el contexto internacional, por la relevancia de la normalización en la economía, España se situaría en una posición próxima a Canadá y a los países nórdicos, aunque la aportación al crecimiento y a la productividad sería “algo menor” que la registrada en Alemania, Francia y Reino Unido.
Si se mantiene la actual senda de crecimiento del número de normas, la CEPI proyecta que el PIB real podría alcanzar los 1.300.878 millones de euros en 2026 y los 1.349.897 millones en 2028, con una tasa media anual del 1,9%, si bien advierte de que “este escenario podría variar dependiendo del ritmo de crecimiento” normativo.
El impacto de la normalización también varía en función del sector económico y del tamaño de las compañías. Por ramas de actividad, el mayor efecto se registra en la industria (0,089%), seguido de la construcción (0,066%), los servicios (0,061%) y, en último lugar, la agricultura (0,043%).
Mayor potencial entre las microempresas
En lo relativo a la dimensión empresarial, prácticamente todas las grandes compañías aplican normas, mientras que solo el 61,5% de las microempresas las utilizan.
“Esta disparidad indica que las pequeñas empresas enfrentan dificultades para su adopción, ya sea por falta de recursos o por complejidades administrativas”, analiza el estudio.
“En España, hay un considerable grado de profesionalización y compromiso con las normas, con casi un 70% de las empresas en la industria y la construcción que aplican normas, aunque un 30,7% de ellas no las certifica”, puntualiza.
Entre las razones principales para implantarlas, las empresas señalan la mejora de la calidad de sus productos, la reducción de riesgos y el refuerzo de su reputación corporativa.
Esa normalización tiene “un notable impacto positivo” en la competitividad y la imagen de las empresas, así como en aspectos como la internalización, la sostenibilidad ambiental y la innovación, aunque su efecto es “más moderado” sobre variables económicas como la productividad, la facturación o el empleo, según la CEPI.
“La industria y la construcción llevan años demostrando un compromiso real con la normalización, incorporando estándares que profesionalizan los procesos, elevan la calidad y refuerzan la seguridad en toda la cadena de valor”, destaca Javier García, director general de la Asociación Española de Normalización (UNE) y vicepresidente de la Organización Internacional de Normalización (ISO).
“Ese esfuerzo ya está generando beneficios claros, en eficiencia, confianza y competitividad”, declara, según recoge el comunicado de UNE.