Los sindicatos CCOO y UGT han comunicado este lunes que la discordia generacional promovida en torno a las pensiones y su viabilidad es ‘falso’ y ‘artificial’. Ambas organizaciones consideran que las reformas implementadas en el sistema pretenden beneficiar a ambas generaciones en el tema de la jubilación.
Carlos Bravo de CCOO y Cristina Estévez Navarro de UGT han participado en la sesión de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, donde han compartido varias propuestas coincidiendo con el inicio de la actualización de las recomendaciones parlamentarias.
Bravo ha propuesto combatir lo que él llama el ‘falso relato del conflicto intergeneracional’ para fortalecer la aceptación social del sistema. Ha criticado los argumentos que, ‘sin base técnica alguna’, enfrentan a jóvenes contra pensionistas, sugiriendo que los derechos de una generación limitan a la otra, cuando en realidad, son complementarios.
‘En ese debate se quiere presentar y alimentar un supuesto conflicto intergeneracional que aconsejaría reducir la cobertura de las pensiones y de las personas mayores. Ese falso debate consiste en intentar extraer de la evaluación de la financiación de la Seguridad Social las transferencias del Tesoro (…) Eliminar de las proyecciones y evaluación de ingresos las transferencias regladas y acordadas pretende verter dudas sobre la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social’, ha advertido.
Cristina Estévez de UGT ha expresado su preocupación por la confrontación ‘artificial’ creada entre jóvenes y pensionistas, destacando que el esfuerzo actual de los jóvenes para financiar las pensiones es considerable. ‘El sistema público de pensiones es de todos y nos importan tanto los pensionistas actuales como los pensionistas del futuro’, ha enfatizado, defendiendo que iniciativas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) son cruciales para el mantenimiento del sistema.
Por otro lado, representantes de la CEOE y CEPYME han criticado el MEI, argumentando que impone una carga desproporcionada sobre las empresas, lo cual podría tener repercusiones negativas en el empleo y contradecir las necesidades del sistema público de pensiones.