Los sindicatos ELA, CIG, LAB, Steilas, Etxalde, Hiru, Intersindical Valenciana, Intersindical Catalana, IAC y STEI han suscrito un manifiesto común con el que exigen al Gobierno central la capacidad de determinar y aprobar salarios mínimos interprofesionales propios en cada comunidad autónoma, siempre por encima del fijado por el Estado en cómputo anual y mensual.
Representantes de estas diez organizaciones sindicales de Euskadi, Galicia, Cataluña, Baleares y Comunitat Valenciana han comparecido este martes en la sede de ELA en Bilbao. Han explicado que su propuesta conjunta persigue reformar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores mediante la incorporación de una nueva regulación en forma de artículo único.
En el marco de esta iniciativa, las centrales han anunciado que pedirán reuniones tanto con los partidos políticos de sus territorios que tienen representación en el Congreso como con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para trasladarles su planteamiento.
En sus intervenciones, han insistido en que, a su juicio, es clara la insuficiencia de las actuales cuantías del SMI para hacer frente a los elevados costes de la vida" cuando, desde su perspectiva, "el salario mínimo es una herramienta fundamental en favor de la cohesión social y hacer frente a la pobreza".
Al mismo tiempo, han denunciado que "el Estado español impone un SMI único que no se adapta a las necesidades ni a la voluntad de las naciones vasca, gallega y catalana" y que, además, "la regulación laboral española provoca un creciente empobrecimiento de grandes capas de personas asalariadas mientras se ahondan las brechas, la precariedad y las desigualdades".
Según han subrayado, esta situación se deriva de "la existencia de una regulación estatal única, centralista y negadora de la realidad plurinacional del Estado, junto con la imposición de las sucesivas reformas laborales que conforman una legislación laboral que normaliza la precariedad laboral y los bajos salarios a través de la imposición del trabajo a tiempo parcial y de los contratos fijos discontinuos".
Han añadido que "el SMI español no se adapta a las realidades nacionales ni a los indicadores socioeconómicos que generan justicia social" y que, además, "los mecanismos de absorción que permite la ley disminuyen sustancialmente el efecto de hipotéticas subidas y evita su aplicación sobre miles de personas trabajadoras".
En coherencia con su estrategia compartida, las diez centrales han avanzado que solicitarán encuentros con todos los grupos con escaño en el Congreso, salvo PP y Vox, así como con la vicepresidenta Yolanda Díaz, para que "pongan en marcha iniciativas legislativas para modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores".
En nombre de los sindicatos vascos han intervenido el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, y la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, quienes han defendido la necesidad de "descentralizar" el salario mínimo porque el esquema vigente tiene "afán centralizador e impone una legislación que precariza salarios y condiciones laborales a la baja con ese marco de relaciones laborales".
Han remarcado que el acuerdo alcanzado refleja "un sindicalismo combativo que hace frente a la puesta en escena del llamado diálogo social que, con acuerdo o sin acuerdo, solo va sumando más incapacidad para corregir las desigualdades sociales crecientes".
Tras consensuar el manifiesto, las organizaciones impulsoras remitirán una propuesta concreta de articulado, en un momento en el que debe abordarse la revisión del citado artículo 27 a raíz de la directiva (UE) 2022/2041, con el fin de adaptar plenamente la normativa española a este marco europeo.
Contenido de la propuesta de artículo único
La redacción de ese artículo único, con el que se pretende modificar la regulación del SMI recogida en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (TRLET) 2/2015, de 23 de octubre, prevé que el Gobierno fije cada año, previa consulta con las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales más representativas, el salario mínimo interprofesional.
Para determinarlo, deberá considerar el índice de precios de consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional, la coyuntura económica general, la renta, el coste de la vida u otros indicadores similares, según recoge el planteamiento sindical.
Además, se introduce una revisión semestral en caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios mencionado. Paralelamente, las comunidades autónomas tendrían la facultad de fijar un SMI propio aplicable en su territorio, con independencia del convenio colectivo que resulte de aplicación.
El salario mínimo que apruebe cada comunidad, determinado por su respectivo gobierno autonómico, deberá situarse siempre por encima del SMI estatal en términos anuales y mensuales, manteniéndose este último como umbral mínimo común para el conjunto del Estado.