Desde que se hizo obligatorio el 1 de julio, el nuevo sistema de registro para arrendamientos de corta duración en España ha registrado un total de 255.172 solicitudes, incrementándose en 40.000, de acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Del total de estas solicitudes, 118.321 han sido activadas definitivamente, mientras que 102.732 se encuentran en estado provisional, a la espera de ser verificadas por el Colegio de Registradores dentro de un plazo de quince días. Adicionalmente, 22.368 solicitudes han sido revocadas.
De las solicitudes totales, el 79.22% corresponde a alquileres turísticos, sumando un total de 202.153, y el 20.78% restante a arrendamientos de temporada.
Distribución por regiones
Las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña y Comunitat Valenciana representan el 82.53% de todas las solicitudes para alquileres turísticos. En Andalucía, por ejemplo, Málaga lidera con más de la mitad de estas peticiones.
En las Islas Canarias, Gran Canaria y Tenerife acumulan 19.287 y 15.762 solicitudes, respectivamente, sumando un total de 35.049. En Cataluña, las solicitudes se reparten entre Barcelona con 10.957, Tarragona con 7.855 y Girona con 12.715. En la Comunitat Valenciana, Alicante concentra el 65.44% de las 26.748 solicitudes registradas, mientras que Baleares cuenta con 12.999 peticiones.
Marco normativo
Con la entrada en vigor del Real Decreto 1312/2024, que establece la ventanilla única digital, el registro se ha vuelto mandatorio desde el pasado 1 de julio, seis meses después de su introducción a principios de año. Esta normativa responde al Reglamento (UE) 2024/1028, aplicable directamente en los Estados Miembros, y regula los arrendamientos de viviendas amuebladas de corta duración.
Para obtener el número de registro, necesario para la promoción de estos alojamientos en plataformas online, los propietarios deben presentar la documentación requerida, incluyendo la referencia catastral y la dirección exacta del inmueble. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha enfatizado que estas medidas buscan enfrentar el ‘complejo escenario’ de la vivienda, promoviendo un mercado ‘transparente’ y reduciendo los fraudes.