El sobrecoste en las facturas por las medidas post-apagón alcanza los 14 euros, informa OCU

OCU reporta que las medidas tras el apagón del 28 de abril han elevado las facturas hasta 14,31 euros en tarifa PVPC y 13,06 euros en mercado libre.

Archivo - Un poste eléctricoDavid Zorrakino - Europa Press - Archivo

Tras el apagón del 28 de abril, las acciones de Red Eléctrica Española (REE) para garantizar un funcionamiento seguro de la red han generado un incremento en la factura media de los hogares con tarifa PVPC, alcanzando los 14,31 euros, mientras que en el mercado libre el aumento ha sido de 13,06 euros, aplicándose este sobrecoste a medida que se renuevan los contratos, de acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Si esta situación persiste, se estima que el incremento anual en las facturas con PVPC sería de 28,62 euros y de 26,12 euros para las del mercado libre. Con la continuidad de estos episodios de inestabilidad, el operador del sistema eléctrico ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una revisión urgente de los protocolos para mejorar la seguridad de la red.

Ante esta circunstancia, la OCU ha urgido a la CNMC a investigar profundamente las causas y responsabilidades del apagón para determinar si las medidas de ajuste técnico, que están elevando los costes para los consumidores, son verdaderamente necesarias, y así permitir a los afectados solicitar compensaciones por la interrupción del servicio.

Por otra parte, las comercializadoras de electricidad han propuesto que estos costes adicionales del sistema, que calculan en unos 800 millones de euros al año, sean considerados como costes regulados del sector, similar a los peajes por distribución y transporte. Sin embargo, la OCU ha manifestado que, sin un conocimiento preciso de las causas del apagón, no es apropiado incluir estos costes como regulados.

La OCU ha destacado que existen diversos informes sobre el incidente, tanto de las comercializadoras como de operadores de red europeos, pero enfatiza que la decisión final corresponde a la CNMC, en su rol de supervisora del sistema eléctrico.

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