Socios de izquierda reclaman al PSOE vetar desahucios y cortes de luz en el decreto por la guerra en Irán

Socios de izquierdas exigen al PSOE recuperar la moratoria antidesahucios y el veto a cortes de suministros en el nuevo decreto por la guerra en Irán.

3 minutos

Comenta

Publicado

3 minutos

Más leídas

Varios socios parlamentarios de la izquierda han reclamado al PSOE que el futuro decreto para frenar el impacto económico derivado de la guerra en Irán incorpore la prohibición de los desahucios y del corte de suministros básicos como agua y electricidad. Se trata de medidas que ya figuraban en el “escudo social” derogado por el Parlamento con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

El Ejecutivo ha adelantado su intención de aprobar previsiblemente en el Consejo de Ministros del martes 17 de marzo un real decreto ley para mitigar las consecuencias económicas del ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, entre ellas la subida de los precios de los combustibles.

Antes de llevar el texto a la reunión del Consejo, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, abrió una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para recabar propuestas que pudieran incorporarse al decreto. En ese marco, varios de los aliados habituales del PSOE han exigido recuperar parte de las medidas del denominado “escudo social”, que el Congreso ha rechazado ya en dos ocasiones por la oposición de PP, Vox y Junts.

Reactivar parte del “escudo social”

En concreto, fuentes de Sumar, del BNG y de Compromís han confirmado a Europa Press que han planteado volver a incluir la prohibición de los desahucios, una iniciativa a la que PP, Vox y Junts se oponen de forma tajante y que utilizaron como argumento central para justificar su rechazo al “escudo social”.

Estas formaciones plurinacionales, nacionalistas gallegas y valencianistas también han solicitado que se mantenga el veto a los cortes de agua o luz a personas vulnerables. La diputada de En Comú integrada en Sumar, Aina Vidal, ya adelantó el martes la voluntad de su grupo de introducir en el decreto la moratoria antidesahucios, mientras que Podemos se ha mostrado favorable a que el nuevo paquete de medidas frente a las consecuencias de Irán recupere todas las disposiciones que decayeron con el “escudo social”.

En cuanto a Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu, no han detallado aún sus propuestas concretas al Gobierno en esta ronda de conversaciones, aunque sí presentaron enmiendas conjuntas con el BNG a una ley en tramitación para impulsar la moratoria antidesahucios y la prohibición de los cortes de suministros, con el objetivo de convertir ambas medidas en estructurales.

Iniciativas ya registradas en el Congreso

Paralelamente a esta reforma, ERC, Bildu, BNG y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, han registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que reclaman blindar los recursos básicos para la vida ante la escalada bélica internacional y la actual situación de inestabilidad geopolítica global.

En el texto, recogido por Europa Press, las formaciones proponentes plantean diseñar y poner en marcha un mecanismo normativo de activación extraordinaria y temporal que permita aprobar medidas de contención o limitación de precios en los productos energéticos cuando se produzcan subidas bruscas derivadas de crisis geopolíticas o de interrupciones significativas en rutas estratégicas de suministro, como ha ocurrido con el corte en el Estrecho de Ormuz.

Entre las demandas también figura el refuerzo de las facultades de supervisión y control sobre los márgenes empresariales, el endurecimiento de la normativa que regula la cadena alimentaria y el impulso de una estrategia de soberanía alimentaria y energética que reduzca las dependencias estratégicas del exterior.

Asimismo, los grupos proponen analizar la puesta en marcha de instrumentos fiscales extraordinarios, temporales y proporcionados sobre beneficios sobrevenidos ligados a crisis geopolíticas, garantizando su plena adecuación al ordenamiento constitucional y jurídico y al Derecho de la Unión Europea. La recaudación se destinaría a las comunidades autónomas para asegurar recursos suficientes con los que proteger el poder adquisitivo y financiar políticas de cohesión social.