Seis comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana, Cantabria y Baleares, han realizado una petición formal al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que se convoque de manera «urgente y presencial» la Conferencia Sectorial de Pesca. Esta solicitud se debe a la «preocupación» surgida tras conocerse las nuevas directrices del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 propuesto por la Unión Europea.
La propuesta actual sugiere una integración de los fondos destinados a la pesca en un único instrumento financiero, lo que podría diluir la Política Pesquera Común (PPC) y «eliminar el respaldo específico» que previamente se había garantizado al sector. Además, se prevé un «recorte drástico» en el presupuesto, que reduciría la asignación de 6.100 millones de euros a «tan solo 2.000 millones», como ha indicado inicialmente la Comisión Europea, según informes de la Junta.
Desde Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha manifestado su «enorme preocupación» por estas medidas, señalando que «este planteamiento pone en riesgo el presente y el futuro del sector pesquero andaluz y español». Fernández-Pacheco destacó los desafíos ya existentes como los altos costes operativos, la falta de relevo generacional y la competencia internacional.
«Estamos ante un ataque directo a la sostenibilidad económica, social y medioambiental de nuestro sector pesquero. No podemos permitir que la pesca pierda la especificidad y visibilidad que merece dentro de las políticas europeas», declaró el consejero andaluz. Añadió también que «es imprescindible que el Gobierno de España escuche esta llamada unánime de las principales comunidades pesqueras y convoque de inmediato la Conferencia Sectorial de Pesca para consensuar una posición común de defensa ante las instituciones europeas».
En su petición, las seis comunidades destacaron que la decisión de la Comisión Europea no solo afecta la estabilidad financiera del sector, sino que también afecta la equidad entre los Estados miembros y la eficacia de las políticas públicas destinadas a la pesca. Fernández-Pacheco recordó que el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) ya había sufrido recortes en comparación con el marco financiero anterior, por lo que «una nueva disminución presupuestaria sería insostenible para un sector estratégico para muchas localidades costeras». «Defender a nuestros pescadores es defender nuestra identidad, nuestra economía azul y la cohesión territorial de muchas regiones que dependen directamente de la pesca», concluyó Fernández-Pacheco.