CCOO ha llevado a cabo este jueves una concentración en Pamplona para reclamar “salario, techo y tiempo” para la clase trabajadora, dentro del ciclo de asambleas que el sindicato está impulsando en todo el país con el fin de analizar “la situación socioeconómica y sociopolítica” de España, Europa y el conjunto del mundo.
El acto se ha desarrollado en el barrio pamplonés de Iturrama, bajo pancartas con lemas como “Salario, techo, tiempo” y “Ni una muerte más en el trabajo”, y ha contado, entre otros, con la presencia del secretario general de CCOO, Unai Sordo, y del secretario general de CCOO de Navarra, Josema Romeo.
En atención a los medios, Sordo ha señalado que en estas asambleas “la idea es movilizar del orden de 20.000, 25.000 delegados y delegadas”. “En ellas lo que estamos trasladando es una reflexión, un análisis sobre la situación socioeconómica y sociopolítica que vive España y por elevación también Europa y el mundo”, ha indicado.
Ha precisado que en estas sesiones “estamos trasladando las prioridades del sindicato” que son “salario, techo y tiempo”. En el caso del salario, ha advertido de que “las previsiones de incremento de inflación producto de la guerra en Oriente Medio son cada vez más preocupantes”.
“No parece que esto se vaya a detener en el corto plazo y, por tanto, los precios van a seguir incrementándose. No solo los precios de los combustibles y de los fertilizantes, sino que se acabarán trasladando al conjunto de los precios al consumo, y esto requiere de una subida de los salarios que evite que la gente vuelva a pagar los platos rotos de la guerra de Trump”, ha subrayado.
Ha recordado que esto “ya pasó con la invasión de Ucrania”. “La inflación se disparó, la inflación conllevó medidas que permitieron a las empresas salvaguardar sus márgenes empresariales, incrementaron los precios y los salarios no subieron en la medida suficiente para hacer frente a aquella inflación. Ahora no puede pasar lo mismo”, ha reivindicado.
Propuesta de ayudas de 300 euros a las rentas más bajas
En su opinión, “tenemos que subir los salarios a través de los convenios colectivos, a través de la movilización, llegado el caso, y vamos a exigir al Gobierno que tome medidas adicionales para proteger a las familias ante el incremento de los precios”.
“Yo creo que es perfectamente posible, a través de un impuesto negativo en el IRPF, trasladar a las 10 millones de familias con rentas más bajas un ingreso de 300 euros que les sirvan para hacer frente a la inflación de los próximos meses. Son 3.000 millones de euros, que suponen un gasto inferior a lo que, por ejemplo, supuso los céntimos del carburante después de la invasión de Ucrania. Es un gasto importante, pero es un gasto necesario”, ha defendido.
Sordo ha apuntado además que “hay 11 millones de personas asalariadas en nuestro país cuyos sueldos están estancados, vienen sufriendo el incremento de los costes de la cesta básica de la compra y vienen sufriendo el incremento insoportable del precio de la vivienda”. Por este motivo, ha insistido en que “es necesaria una política más ambiciosa en materia de vivienda”.
“El plan de vivienda que el otro día el Gobierno puso encima de la mesa apunta a alguna cosa importante, como es evitar la desclasificación de la vivienda pública, pero va a ser insuficiente y tiene que ser complementado por medidas adicionales y por un acuerdo interinstitucional”, ha señalado.
Reclama un gran pacto de vivienda y más inversión pública
El líder de CCOO ha recalcado que “solo desde el Gobierno de España no se pueden reducir los precios de la vivienda, y las comunidades autónomas del Partido Popular no pueden ponerse de perfil”. A su entender, “hace falta un acuerdo interinstitucional para que nadie en España tenga la obligación de dedicar más del 30% de sus ingresos a pagar una vivienda”.
Ha remarcado igualmente que “necesitamos dos millones de viviendas a precio asequible en los próximos diez años, topar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas, limitar el uso de la vivienda turística, evitar cualquier uso especulativo de la compra por parte de fondos buitre o de fondos de inversión, y sacar vivienda vacía al alquiler o a la compra-venta a precios asequibles”.
Según ha detallado, “hay del orden de 700.000 viviendas vacías en municipios con más de 100.000 habitantes en nuestro país que tienen que penalizarse fiscalmente si están cerradas para especular”, y ha defendido “incrementar el gasto público en vivienda hasta un 1% del PIB”. “Se queda, en nuestra opinión, nítidamente corta la apuesta de inversión pública del Gobierno en el último plan de vivienda”, ha añadido.
Para Sordo, “tiene que ser más del doble de lo que se ha puesto ahora mismo encima de la mesa, y una política sostenida a lo largo de los años para el objetivo final, que ningún trabajador en España tenga que dedicar más del 30% de su salario a pagar una vivienda”.
Denuncia la “demonización” de los inquilinos con dificultades
En relación con el decreto de prórroga de los alquileres que se debatirá en el Congreso el 28 de abril y que previsiblemente no será convalidado, Sordo ha afirmado que “me parece impresentable la demonización que se está haciendo de las personas que tienen problemas para pagar los alquileres”.
Ha anunciado que “nos vamos a manifestar a favor de la convalidación de ese decreto, y estamos instando también a las entidades que se dedican a la vivienda, sindicatos de inquilinas u otras entidades para participar de forma conjunta en las movilizaciones que denuncien la posición de aquellos grupos que pongan en riesgo a personas vulnerables que pueden ser expulsadas de sus casas por un incremento desaforado del precio de los alquileres”.
A su juicio, “no es de recibo” que la norma decaiga. “Es un decreto que puede perfectamente convalidarse y lo que hay que hacer es de verdad abordar una estrategia de país para reducir el precio de acceso a la vivienda, la promoción de viviendas en alquiler y en compraventa a precios asequibles, y facilitar programas públicos que combinen alquileres que se puedan pagar con seguridades para los propietarios, a través, por ejemplo, de reformas en los inmuebles”, ha apuntado.
Ha recalcado que “se pueden hacer muchas cosas. Lo que no se puede es este proceso de, incluso yo diría, de incriminación, donde da la impresión de que las personas que no pueden pagar un alquiler en un determinado momento son poco menos que unos 'okupas' y poco menos que unos delincuentes. Es lamentable la deriva antidemocrática que están emprendiendo las derechas en España para, de alguna manera, demonizar a las personas con mayores dificultades”, ha criticado.