El secretario general de CCOO, Unai Sordo, considera “incomprensible” que la CEOE se haya desmarcado del pacto para el incremento del SMI y sostiene que la patronal “no va a llegar a ningún acuerdo en el que ande por medio el Gobierno” por una “lógica de razonamiento más político que otra cosa”.
En declaraciones a Radio Popular-Herri Irratia, recogidas por Europa Press, Sordo ha analizado el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y CCOO y UGT para elevar el salario mínimo, que se aprueba este martes en el Consejo de Ministros, así como la negativa de la CEOE a sumarse a la firma. El pacto establece que esta renta mínima aumente con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que supone un 3,1% más frente a los 1.184 euros al mes vigentes en 2025.
Sordo ha recalcado que el alza del SMI será del 3,1% e irá acompañada de una exención fiscal diseñada para impedir que las empresas asuman un sobrecoste tributario derivado de la subida. De este modo, “toda esa subida de los salarios va a ir a los bolsillos de los trabajadores y las empresas se han ahorrado ese diferencial fiscal, que ha decidido asumir el Gobierno”, por lo que, a su juicio, “en ese esquema es incomprensible que no entre CEOE”.
Según ha subrayado, “se firma un SMI en el mismo nivel prácticamente que lo que están firmando los convenios colectivos”, de manera que “no es de recibo la actitud de la CEOE en esta negociación”. “Yo empiezo a pensar que hay otra dinámica, y es que CEOE no va a acordar, no va a llegar a ningún acuerdo en el marco tripartito, es decir, donde ande por medio el Gobierno”, ha añadido, deslizando que la patronal se mueve más por cálculo político que por criterios estrictamente económicos.
En esta línea, ha emplazado a comprobar cuál será la posición de la CEOE en la negociación colectiva, “porque ahí no está el Gobierno”. “Vamos a ver si de verdad las organizaciones empresariales están por la labor de poner en valor su propia responsabilidad o van a bloquear también las mesas de negociación”, ha advertido, dejando en manos de la patronal la continuidad del diálogo social en los convenios.
Por otro lado, Sordo ha defendido que existe “una obligación de hacer un relato sobre lo que está pasando, sobre la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la gente y sobre las casuísticas que van surgiendo”, y ha alertado de que hay “una apuesta por el declive de las sociedades democráticas, que es muy evidente en Estados Unidos”, por lo que ha avisado de que estamos “en un riesgo de regresión democrática, como no hemos conocido en los últimos 70 años”.
Ante este escenario, ha remarcado que “hay que alertarle a la gente y construir una propuesta, en este caso sindical alternativa, basada en mejores condiciones de vida, en mejores salarios, en mejores derechos, porque es que todo está muy ligado”.
Sordo ha defendido que, con el pacto para la nueva subida del SMI, se ha dado “un pasito en una senda ya muy pronunciada” y ha recordado que “en poco más de un lustro se ha subido un 65% el salario mínimo interprofesional, que antes era un salario que afectaba de forma marginal a unos pocos de cientos de miles de trabajadores en España y hoy afecta al entorno casi de 2 millones de personas”. A su juicio, esta evolución ha convertido el SMI en una referencia central del mercado laboral español.
En su opinión, el SMI debe funcionar como “una pértiga para una mejora generalizada de los salarios en la negociación colectiva, porque está bien que el SMI se sitúe o se acerque al 60% de la media salarial para reducir también las brechas de desigualdad”, pero ha puntualizado que la aspiración sindical es que la mayoría de la plantilla cobre por encima de ese umbral. Así, ha explicado que la pretensión de las organizaciones de trabajadores “lógicamente es que nadie o cuanta menos gente sea posible cobre el SMI y para esto hace falta un impulso a los salarios en los convenios colectivos”.
En ese sentido, ha recordado que esa es la propuesta que los sindicatos han trasladado a la mesa de diálogo, “una subida de hasta el 7% en este año y en los dos siguientes en los convenios colectivos” que, a su entender, “es posible”. Con ello, buscan que la mejora del SMI se traslade al conjunto de la escala salarial y no se quede solo en la base.
El dirigente de CCOO ha remarcado que en España los sueldos no se determinan por el salario mínimo, sino por los convenios colectivos, y ha insistido en que “son los convenios los que se tienen que adecuar a las distintas realidades socioeconómicas que existen dentro de España, porque los precios no son los mismos en Euskadi que en Extremadura, o en Madrid que en Galicia, o en Valencia que en un pueblo de Valencia”.
Ha admitido que “los precios varían algo y también varían los salarios, pero el salario mínimo interprofesional no tiene sentido desagregarlo, una pretensión de siempre de la patronal, que los salarios mínimos sean distintos en cada territorio y sean distintos en cada sector”, una idea que rechaza por entender que fragmentaría la red de protección básica.
En cualquier caso, ha incidido en que el “reto es mejorar las condiciones de compra y de vida de la clase trabajadora” porque, según ha advertido, “no vale solo con subir los suelos”. Ha puesto el foco en que el poder adquisitivo real depende también de precios como la vivienda o la cesta de la compra.
Tras señalar que los salarios medios “están subiendo y van a subir más, por encima del 4% en los próximos años”, Sordo ha matizado que “el problema es que esos incrementos de salarios, en las economías más modestas, las que están un poquito por encima del SMI y hasta la media salarial, no son suficientes para afrontar los precios de la vivienda, de los productos básicos o de la sanidad”.
A su juicio, el “objetivo prioritario de un sindicato en este momento y el gran reto es reducir las brechas de desigualdad y, sobre todo, que el crecimiento económico se filtre y llegue al conjunto de los hogares de nuestro país”, de forma que los beneficios del ciclo expansivo no se queden concentrados en una minoría.
Además del incremento del SMI, ha recordado que se han cerrado dos compromisos adicionales con el Gobierno, entre ellos “modificar la norma que está permitiendo que muchas empresas estén descontando las subidas del SMI de otros pluses” y que remita a todas las mesas de negociación de los convenios colectivos el resultado del observatorio de los márgenes empresariales”.
Con esta información, ha indicado, “vamos a transparentar la información, vamos a saber exactamente cómo están yendo las empresas de cada sector para ver exactamente si las quejas de CEOE tienen algún fundamento o no, porque lo que nos dicen los datos es que las empresas están en beneficios y en excedentes históricos y nosotros lo que decimos es que esos beneficios se repartan a través de los salarios”, ha remarcado, reclamando una distribución más equilibrada de las ganancias.
Absentismo y derechos laborales
En relación al absentismo, ha avisado de que CCOO no aceptará “con una descripción del absentismo donde se mezclen los derechos adquiridos de la gente, las horas sindicales, con las bajas por enfermedad común o profesional porque son dos cosas distintas”. Ha defendido que no se criminalicen derechos laborales consolidados bajo el paraguas del debate sobre las ausencias al trabajo.
Tras reconocer que en España hay “un incremento importante del número, duración y coste de las bajas”, ha señalado que en su organización no están dispuestos a “comprar la idea de que hay gente que es de cristal, que le echa mucho morro, que se coge bajas al tuntún y médicos de cabecera que dan las bajas sin criterio”, porque “no es verdad”. Ha pedido, por tanto, abordar el fenómeno con datos y sin alimentar estigmas sobre trabajadores ni sobre el personal sanitario.
Vivienda y desigualdad
En cuanto a la crisis de acceso a la vivienda, ha defendido la necesidad de “dotarse de un gran parque de vivienda pública o de precios asequibles, que lo podríamos tener, que puede ser una palanca de contención de los precios de mercado,”. A su juicio, “si en España no se hubieran desclasificado las viviendas con precios protegidos, tendríamos 4,7 millones de viviendas”, ha asegurado, lo que habría permitido amortiguar la escalada de precios.
Sordo ha reiterado la importancia de contar con “un gran parque de vivienda pública” y ha detallado que “una parte de ella va a tenerse que construir y luego hay que movilizar vivienda vacía, evitar que entren inversores especulativos en el mercado, ponerles pie en pared y moderar o eliminar algunos nuevos usos de la vivienda, como la turística, que tiene unos efectos inflacionistas terribles”. Ha defendido, por tanto, combinar nuevas promociones, regulación del uso de los inmuebles y freno a la especulación.
Según ha añadido, “como algunas de estas medidas solo dan resultado en el medio o largo plazo, mientras también hay que hacer cosas, como topar los precios de los alquileres, al menos en las zonas tensionadas”. De este modo, plantea medidas de choque junto a reformas estructurales para aliviar la carga del alquiler sobre los hogares.
La política de vivienda, ha admitido, es “una política compleja, que apela al conjunto de administraciones, pero sobre a las autonómicas que se están poniendo muy de perfil”. Ha reclamado así una mayor implicación de los gobiernos regionales, a los que responsabiliza de parte del bloqueo actual, y ha insistido en que la respuesta a la crisis habitacional debe ser coordinada entre todas las instituciones.