La agencia de calificación S&P ha lanzado una advertencia sobre cómo la división política en el Parlamento de España y la capacidad «limitada» de gestionar los fondos europeos ‘Next Generation EU’ están obstruyendo la aprobación y realización de las reformas e inversiones necesarias antes de que termine el próximo año, que es el límite para la implementación total del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
«En nuestra opinión, el complejo y fragmentado panorama político de España, junto con la limitada capacidad administrativa, dificulta la plena implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», alertó la agencia en un documento que detalla los retos que enfrenta España en la fase final de la aplicación del Fondo de Recuperación de la UE.
España tiene como fecha límite el 31 de agosto de 2026 para finalizar su plan del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea. De acuerdo con información reciente de la Comisión Europea, España ha finalizado cerca del 79% de las 192 reformas programadas y el 30% de las 323 inversiones previstas. Estas reformas e inversiones eran condiciones esenciales para recibir los primeros cinco segmentos de financiación.
Según los datos de S&P, de los 55.100 millones de euros (aproximadamente el 69% del total asignado) que España ha percibido en subvenciones, se han empleado hasta ahora el 68% o 37.500 millones de euros, lo que equivale al 3,5% del PIB español para 2024.
El análisis también señala que las regiones con menor nivel de ejecución podrían encontrarse con obstáculos para completar sus planes de inversión, lo que podría llevar a reasignaciones o incluso a la devolución de fondos en 2026.
Además, menciona el escaso aprovechamiento de los préstamos facilitados a través del Fondo de Resiliencia Autonómica del Banco Europeo de Inversiones, siendo Madrid la única que ha recurrido a ellos, con 234 millones de euros.
El estudio sugiere que, aunque España solicitó en un principio los 83.200 millones de euros completos en préstamos, hasta la fecha solo ha utilizado el 20%. En este contexto, la agencia considera que las condiciones favorables del mercado y las subvenciones «generosas» de la UE podrían haber disminuido el interés por estos préstamos, llevando al Gobierno a priorizar las subvenciones. «Por lo tanto, creemos que España no utilizará en su totalidad los préstamos disponibles», vaticinó la agencia.
De hecho, recientemente, el Gobierno ha confirmado que está finalizando una nueva adenda al Plan de Recuperación para aprobarla «próximamente» en el Consejo de Ministros, que implicará la renuncia a parte de los más de 83.000 millones de euros inicialmente asignados a España en préstamos europeos, ya que el país se financia actualmente en los mercados a costes más bajos que los préstamos de la UE.
Según el Ejecutivo, la adenda que se está preparando permitirá continuar con los proyectos de inversión más allá de agosto de 2026, que es cuando finaliza el plazo de ejecución del Plan de Recuperación.