La entidad evaluadora de riesgos S&P Global ha decidido mantener la perspectiva negativa sobre Redeia debido a la «presión financiera» que enfrenta para el venidero período regulatorio.
En detalle, S&P señala que la normativa que regirá de 2026 a 2031, en su actual redacción, no provee el apoyo adecuado en un escenario de elevadas inversiones de capital futuro y resulta menos robusta que las regulaciones en otros mercados de Europa occidental.
Es importante mencionar que el 30 de julio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un borrador sobre el marco de compensación para el transporte eléctrico español para el ciclo 2026-2031. Ante este borrador, Redeia tiene hasta el 9 de septiembre para presentar alegaciones y recursos.
FUERTE AUMENTO DE CAPEX NECESARIO PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
La propuesta preliminar de la CNMC, que se espera se finalice antes de terminar el año, define los componentes clave de la compensación durante 2026-2031 para las operaciones de transporte de Redeia.
Desde la agencia se ha indicado que, aunque los cambios propuestos mejoran la situación actual y la proyección de ingresos del grupo, estos «son menos favorables de lo que esperaban en el contexto del fuerte aumento de capex necesario para la transición energética de España (mejora de la red de transporte)».
«El aumento de la tasa de remuneración financiera al 6,46% nominal y antes de impuestos (frente al 5,58% actual) es relativamente modesto comparado con el de sus homólogos, y es poco probable que sea suficiente para atraer capital, debido sobre todo a unos tipos sin riesgo más elevados», explica S&P, añadiendo que la revisión al alza de los precios unitarios estándar de capex es una «actualización necesaria», ya que no se habían modificado desde 2015.
EROSIÓN DE LA RENTABILIDAD DE REDEIA, UNO DE SUS PUNTOS FUERTES
Además, S&P advierte que estarán atentos al resultado final sobre la remuneración de los gastos de explotación, aunque evalúan «el recorte propuesto como inferior al de los distribuidores, lo que podría erosionar uno de los puntos fuertes del negocio de Redeia, su rentabilidad».
Al examinar más a fondo la regulación, la agencia destaca que las carencias estructurales «persisten», citando como ejemplo la falta de indexación a la inflación; el desfase temporal en la recuperación de costes o la ausencia de un mecanismo regulador de cuentas de compensación que permita la plena repercusión de los costes reales. Sin embargo, S&P reconoce que la propuesta introduce «cierta remuneración parcial de las inversiones en curso», aunque solo se consideran los grandes proyectos de interconexión.
Finalmente, la agencia sigue viendo una «debilidad relativa», en términos de planificación y puntualidad, las «posibles interferencias políticas», ya que el plan de inversiones de Redeia deriva y se supervisa directamente conforme al plan nacional de desarrollo definido por el Gobierno español, mientras que la fijación de tarifas está supervisada por el regulador.