Se espera que las pensiones contributivas se revaloricen en torno al 2,6% en 2026, mientras que las máximas podrían subir algo más del 2,7% gracias al mecanismo adicional previsto, y las mínimas, no contributivas y de viudedad recibirán incrementos superiores al IPC para acercarse a los umbrales europeos. 
El contexto y por qué importa
El dato clave será la inflación de noviembre de 2025, que se publica a mediados de diciembre y servirá de referencia para calcular la subida de las pensiones, vinculadas al IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. 
Según varias estimaciones, el aumento global para las prestaciones contributivas rondará el 2,6 %. 
Las pensiones máximas, por su parte, podrían experimentar un incremento de algo más del 2,7%. 
Por último, las pensiones mínimas, no contributivas y de viudedad con cargas familiares se situarán por encima del aumento del IPC, con el objetivo de reducir la pobreza entre las personas mayores. 
¿Cómo quedarán algunas cuantías (estimadas)?
Pensión contributiva media: de alrededor de 1.506 €/mes pasaría a 1.544 €/mes.
Pensión máxima: podría alcanzar 3.355 €/mes.
Pensión mínima sin cónyuge: se situaría en torno a 897 €/mes. 
(Estas cifras son estimaciones previas y están sujetas al dato oficial del IPC de noviembre.)
Qué cambia en el sistema
Para 2026 también entran en vigor reformas estructurales que afectan al cálculo de las pensiones: entre ellas un sistema dual de cálculo de la base reguladora que permitirá elegir la fórmula más favorable, y la edad ordinaria de jubilación que estará en 65 años si se han cotizado al menos 38 años y 3 meses, o 66 años y 10 meses en otros casos. 
Estos cambios buscan reforzar la equidad y adaptarse a la evolución demográfica y económica del país, dentro del marco de la ley de revalorización automática aprobada en 2021. 
Lo que todavía está por verse
El dato definitivo del IPC de noviembre de 2025, que marcará el porcentaje exacto.
La aprobación oficial del aumento por el Gobierno y su publicación en el boletín correspondiente.
Cómo y cuándo se aplicará este incremento: tradicionalmente el 1 de enero, aunque el pago real podrá variar según entidad bancaria.
Los efectos presupuestarios: se calcula que el coste adicional para el sistema superaría los 6.000 millones de euros.