Desde 2018, cuando se situaba en 736 euros brutos al mes, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha aumentado en siete ocasiones para alcanzar los 1.184 euros (+60,9%). El Gobierno volverá a incrementarlo en 2026, aunque todavía no se sabe en qué cuantía, ni si contará esta vez con el apoyo de la patronal, que se ha desvinculado de estos acuerdos salariales en las últimas cinco subidas.
Los sindicatos ya han puesto su proposición sobre la mesa –el Gobierno parece estar bastante de acuerdo con la misma– y la patronal (CEOE y Cepyme) acaba de hacerlo. La distancia entre propuestas es sideral.
¿Qué proponen los sindicatos?
Para seguir un orden cronológico, conviene irse al pasado 25 de noviembre, cuando CCOO y UGT hicieron pública su propuesta de subida del SMI para 2026. Plantean aumentarlo un 7,5%, hasta los 1.273 euros brutos mensuales.
Esta cantidad, explicaron, “responde al compromiso de España con la Carta Social Europea, que fija como referencia que el salario mínimo debe alcanzar el 60% del salario medio neto. Siguiendo los criterios de cálculo utilizados el año pasado, para alcanzar ese 60% el SMI debe establecerse en 1.216 euros netos mensuales para 2026, lo que obliga a alcanzar los 1.273 euros para que, una vez aplicada la tributación del IRPF, se mantenga ese nivel neto”.
Y agregaron que para realizar este cálculo utilizaron “el perfil tributario más exigente —una persona trabajadora sin hijos ni cargas familiares— con el fin de garantizar que todas las personas asalariadas alcancen el umbral marcado por la Carta Social Europea”.
¿Qué opina el Gobierno?
Ese mismo día, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, intervino en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que afirmó que el Salario Mínimo Interprofesional subirá de “manera relevante” en 2026 si el Gobierno, «o una parte del mismo», en referencia al Ministerio de Hacienda, decide que esta renta mínima tribute en el IRPF.
La también vicepresidenta segunda señaló que la propuesta de CCOO y UGT «se alinea» con la petición que se hizo desde el Ministerio de Trabajo al comité asesor del SMI para que dibujara dos posibles escenarios de alzas del salario mínimo, uno con tributación en el IRPF y otro sin ella, pero siempre respetando que el resultado final equivalga al 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea.
«Si es con tributación, ya digo que la subida va a ser relevante porque, desde luego, es muy injusto fiscalmente que esas rentas salariales que se encuentran en una horquilla de entre 17.000 y 21.000 euros, su tipo marginal sea el mismo que el de una renta salarial de 100.000 euros, que es superior al 50%», expuso Díaz. la ministra.
¿Cuál es la propuesta de la patronal?
Y el 9 de diciembre llegó la propuesta de CEOE y Cepyme, y que consiste en un aumento del SMI del 1,5% para 2026, lo que supondría alcanzar los 16.824 euros brutos anuales y no exentos de tributación al IRPF (1.202 euros brutos al mes, en 14 mensualidades).
Aseguran que el SMI ya habría superado el 60% del salario medio neto, es decir, lo contrario de lo que aseveran el Gobierno y los sindicatos, y la clave está en los datos que se toman como referencia.
La patronal expone lo siguiente: “Tomamos como referencia la Encuesta de Población Activa (EPA) porque la Encuesta de Estructura Salarial (EES), que sirve de base a la hora de extraer el salario medio para el grupo de expertos que asesora a Trabajo, no contempla los salarios de la agricultura, ganadería, pesca o el servicio doméstico, entre otros, lo que genera una distorsión al alza”.
Precisamente estos sectores, agregan, “son intensivos en mano de obra y concentran gran parte del SMI, con lo que el salario medio resultante de la Encuesta de Estructura Salarial es superior al dato real y el SMI resultante, sobredimensionado”.
¿Cuál ha sido la respuesta del Ministerio de Trabajo?
Ante la propuesta de la patronal para la subida del SMI, fuentes del Ministerio de Trabajo señalan que, aunque prefieren esperar al informe de la comisión de expertos, “que es una base más sólida que las especulaciones de la patronal, lo cierto es que una subida que supone que más de 2 millones de personas trabajadoras pierdan poder adquisitivo no parece rigurosa”.