La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha instado este lunes al PSOE a sacar adelante con urgencia un decreto ley anticrisis ligado al conflicto en Irán, que recoja la reimplantación del gravamen a las grandes compañías energéticas, un paquete de ayudas específicas para los transportistas profesionales y la fijación de topes a los precios de la energía y de los alimentos.
En una comparecencia ante los medios, Hernández ha subrayado que, más allá del impacto humano del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, ya se están dejando sentir sus derivadas económicas, que “notando ya” en la economía doméstica, sobre todo por el encarecimiento del crudo, cuyo precio ha rebasado los 100 dólares por barril.
La dirigente de Sumar ha recalcado que hacen falta medidas “urgentes” para aliviar la situación de la población y, por ello, el socio minoritario del Ejecutivo ha trasladado a la Moncloa una propuesta de decreto ley que refuerce y amplíe el denominado ‘escudo social’ —derogado por PP, Vox y Junts— al considerar que, en el actual escenario, se ha quedado “pequeño”.
“Entendemos que el Estado debe proteger a todo el conjunto de la ciudadanía, a los trabajadores, a las trabajadoras, a las empresas, a los autónomos y por supuesto también a las familias más vulnerables, aún más si cabe”, ha señalado.
Sumar acusa al PSOE de no tener prisa
De momento, este nuevo paquete normativo no tiene fecha para llegar a la mesa del Consejo de Ministros. La propia Hernández ha avanzado que en la reunión de este martes no se debatirá ningún bloque de medidas de este tipo. Según fuentes de la formación plurinacional, el PSOE, como socio principal del Gobierno, no muestra urgencia en tramitarlo, aunque en Sumar interpretan que los socialistas acabarán respaldándolo.
Entre las iniciativas que Sumar quiere incluir figura la recuperación de la llamada excepción ibérica, el mecanismo aplicado durante la guerra de Ucrania para intervenir el precio del gas fijando un tope, que en aquel momento se situó en 30 euros por megavatio hora.
Asimismo, la coalición aboga por restablecer el impuesto extraordinario a las energéticas, que estuvo vigente pero se suspendió en el Congreso, y con el que se llegaron a ingresar 1.300 millones de euros.
Hernández propone también ampliar el número de hogares beneficiarios del bono social eléctrico, mantener congelada la tarifa de último recurso del gas, reforzar las bonificaciones al transporte público y subvencionar de forma específica a los sectores que más dependen del gasóleo, como transportistas, agricultores, pescadores y taxistas.
Ayudas al combustible si el litro alcanza los dos euros
La coordinadora de Sumar ha planteado igualmente que se activen apoyos directos a los conductores particulares, en la línea de los aplicados durante la guerra de Ucrania, cuando se descontaron veinte céntimos por litro de carburante, siempre que el precio supere al menos los dos euros por litro. Además, ha defendido la puesta en marcha de ayudas para la industria electrointensiva y gasintensiva.
En el ámbito de la vivienda, Hernández reclama prorrogar los contratos de alquiler que vayan expirando para evitar que “nadie se quede en la calle” y establecer controles sobre el coste de los alimentos básicos, siguiendo el modelo de intervención aplicado al precio de las mascarillas durante la pandemia.
Por último, ha apelado a reducir al mínimo la dependencia de los combustibles fósiles y a desplegar una inversión “masiva” en energías renovables y en la electrificación del país.
Podemos presenta su propio escudo social
En paralelo, el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha pedido al Gobierno que incorpore un paquete de medidas como escudo social frente a los efectos socioeconómicos de la guerra de Irán.
Entre las propuestas que ha enumerado se encuentran una rebaja del 40% en el precio de los alquileres, una moratoria antidesahucios de al menos un año para familias vulnerables, la expropiación de viviendas en manos de fondos buitre, un cheque energético de 300 euros para los hogares con ingresos inferiores al salario mínimo, la reactivación del mecanismo de excepción ibérica para limitar el precio del gas, la imposición de un tope del 2% a los márgenes de beneficio de las grandes cadenas de alimentación, la creación de un supermercado público y la gratuidad del transporte público, entre otras medidas.
“Todas son medidas totalmente factibles, tanto en coste económico como por existencia de vías legales en nuestro ordenamiento jurídico para llevarlas a la praxis, y únicamente se necesita voluntad política, una voluntad política de la que, a día de hoy, adolece el Gobierno”, ha remachado Fernández.