Sumar defenderá este miércoles en el Congreso una proposición no de ley que reclama aprobar los cambios normativos necesarios para restringir la oferta de hipotecas a tipo variable sobre vivienda habitual “exclusivamente a los supuestos en que el prestatario acredite una alta solvencia financiera y una capacidad suficiente para absorber incrementos significativos de cuota”.
En una semana en la que la vivienda centra buena parte de la agenda parlamentaria, con la votación del decreto ley que prorroga los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027, la formación también llevará esta iniciativa a la Comisión de Economía.
La propuesta ha sido registrada por el portavoz económico del grupo en la Cámara Baja, Carlos Martín, junto a los dirigentes de En Comú integrados en Sumar, Aina Vidal y Félix Alonso.
En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, los plurinacionales plantean un conjunto de medidas que, a su juicio, reforzarían la protección de los hogares frente al riesgo asociado a las hipotecas a tipo variable. Consideran que estos productos actúan como un canal de transmisión de la incertidumbre financiera, ya que los hogares “no están en condiciones” de gestionar con solvencia riesgos financieros variables a muy largo plazo en un ámbito tan sensible como la financiación de la vivienda habitual.
La preocupación se acentúa, subrayan, en episodios de inestabilidad política internacional como el actual, cuando las cuotas hipotecarias se encarecen de forma repentina por las expectativas de los mercados u otros factores que “escapan por completo” al control de los hogares.
Sumar sostiene que trasladar de forma generalizada a las familias el riesgo de tipos de interés implica “imponer a la parte más débil de la relación contractual una carga que no puede administrar en condiciones de igualdad”, ya que los hogares carecen de departamentos de análisis de riesgo, instrumentos de cobertura, capacidad de diversificación y poder de negociación equiparables a los de las entidades financieras.
En este escenario, el grupo plantea varias líneas de actuación. Además de acotar la concesión de hipotecas variables, propone revisar el marco de comercialización de las hipotecas mixtas para impedir que se utilicen como vía indirecta para reintroducir de forma masiva el riesgo variable.
Argumentan que, aunque en 2025 el 92% de las nuevas hipotecas se firmaron con algún tramo inicial a tipo fijo, casi una cuarta parte terminaron configurándose como productos mixtos “que no eliminan el riesgo de tipos, sino que lo difieren en el tiempo”.
Estudiar un nuevo índice hipotecario
Paralelamente, Sumar plantea impulsar el análisis de alternativas al Euríbor y al IRPH como índices de referencia hipotecaria, con el objetivo de reducir la exposición de las familias a indicadores con limitaciones estructurales, ausencia de volumen de transacciones en ciertos plazos, una volatilidad superior a la deseable para contratos de larga duración y un potencial riesgo de manipulación.
A continuación, propone que, en el plazo de un año, se evalúe el impacto distributivo y social del actual modelo hipotecario español sobre la estabilidad financiera de los hogares, prestando especial atención a la dependencia del tipo variable, a la evolución del esfuerzo hipotecario y al riesgo de pérdida de la vivienda habitual.
Otra de las medidas que defiende el grupo es legislar sobre el “importante desequilibrio” a la hora de determinar la abusividad de las cláusulas no transparentes, con el fin de aportar mayor seguridad jurídica a los litigios relacionados con los derechos de los consumidores.
Por último, Sumar recuerda que, en lo referente al IRPH, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado que las cláusulas que lo incorporan no están excluidas del control de transparencia y que corresponde a los tribunales nacionales verificar, caso por caso, si el consumidor recibió información suficiente para comprender el funcionamiento de dicho índice.
Por este motivo, insta a adoptar las modificaciones legislativas necesarias para permitir la revisión de sentencias firmes que no hayan seguido las directrices del TJUE, con el objetivo de dar pleno efecto a esa jurisprudencia y corregir las resoluciones en las que los tribunales nacionales hayan fallado en sentido contrario a la doctrina europea de obligado cumplimiento.