El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha lanzado una propuesta para que el Estado destine 2.000 millones de euros a adquirir de forma masiva viviendas ya existentes, incluidas las de propietarios particulares, como vía rápida para reforzar el parque público ante los largos plazos que conlleva levantar nueva obra.
En una entrevista con Europa Press, Ibáñez ha subrayado el momento "histórico" que atraviesa España en la crisis de la vivienda, con precios al alza tanto en el alquiler como en la compra, en parte por la entrada de grandes fondos de inversión en el sector inmobiliario y por la expansión de apartamentos turísticos y de temporada que sustituyen a las residencias habituales.
Según ha advertido, este contexto ha forzado a una de cada tres personas que viven de alquiler a mudarse de barrio en el último año, algo que considera "gravísimo" porque "rompe el tejido social del barrio" y tiene efectos colaterales en ámbitos como la salud o la educación.
Para hacer frente a esta situación, ha repasado varias medidas que, a su juicio, pueden aliviar la crisis: la convalidación en el Congreso del decreto que prorroga los alquileres, la prohibición a "fondos buitre" de comprar viviendas, la limitación de los pisos turísticos y la utilización de recursos públicos para adquirir inmuebles ya construidos.
"Construir y licitar obra pública es profundamente pesado y tardío. No tenemos tiempo en construir, hay que comprar lo que ya existe, y esto lo puede hacer la ministra de vivienda", ha defendido Ibáñez, que ve una oportunidad clara cuando un "fondo buitre" decide vender su cartera de activos a otro inversor y el Estado puede intervenir.
Compra masiva frente a nueva construcción
En este punto, Ibáñez ha criticado que la principal receta socialista pase por aumentar la oferta mediante nueva vivienda pública, porque considera que no es necesario seguir construyendo: "En nuestro país no hace falta construcción de vivienda pública. Estamos por encima de Europa en vivienda por habitante. Lo que hay que hacer es una compra masiva de vivienda pública", ha sostenido.
El portavoz adjunto del grupo plurinacional ha recordado que el impulso a la vivienda pública en los años 80 y 90 "supuso construir guetos" al concentrarse estas promociones en zonas periféricas y segregadas.
Por ello, se decanta por una política de compra intensiva de inmuebles ya edificados para empezar a dar respuesta inmediata al problema habitacional, y ha asegurado que el Ministerio de Isabel Rodríguez dispone de margen para hacerlo, puesto que si hay fondos "para la guerra" —en alusión al aumento del gasto militar exigido por la OTAN— también debería haberlos para una adquisición "masiva de vivienda".
"¿Por qué no se pueden poner 2.000 millones de euros encima de la mesa para comprar vivienda que ya está construida y que mañana mismo puede ser útil?", ha planteado el diputado.
Aplicación de la Ley de Vivienda y el 155
Ibáñez ha dicho compartir el diagnóstico del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de que la Ley de Vivienda ha fracasado por su escasa aplicación debido al rechazo de las autonomías gobernadas por el PP, pero ha rechazado recurrir al artículo 155 de la Constitución para que el Estado asuma las competencias autonómicas en esta materia.
"Yo no comparto la aplicación del 155, creo que en la política hay que ser coherente y lo que no podemos es utilizar subterfugios cuando nos interesa y criticamos en otros casos", ha señalado.
Aun así, como portavoz adjunto de Sumar, sostiene que existe "margen" para actuar si las fuerzas a la izquierda del PSOE "aprieten más y mejor" a las derechas en el ámbito autonómico y el Gobierno central ejerce con mayor ambición sus propias competencias.
Ha recordado que defendió en el Congreso una proposición de ley para vetar la compra de viviendas por parte de fondos de inversión —competencia estatal— y el PSOE optó por abstenerse. También ha remarcado que el ala socialista del Ejecutivo podría establecer que los contratos de alquiler sean indefinidos y no lo está haciendo.
Prórroga de alquileres y papel del Ministerio
Entre las medidas de Sumar frente a la crisis habitacional figura la prórroga automática de los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027, incluida en un decreto ley ya en vigor que PP, Vox y Junts quieren derogar cuando llegue al Congreso. Al margen del resultado de esa votación, y en línea con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, Ibáñez ha instado a los inquilinos a solicitar la prórroga mientras la norma siga vigente.
Respecto a la negociación del decreto y la actitud del PSOE, el diputado ha reprochado a los socialistas que se estén "poniendo de perfil" y ha advertido: "Se equivocan".
"Yo creo que la ministra no solamente no debe ponerse de perfil, sino que tiene que asumir que es la principal tarea que tiene su Ministerio", ha añadido, avisando a Isabel Rodríguez de que, si considera que su función se limita a criticar la política "nefasta" del PP en las comunidades autónomas, entonces "disolver el ministerio" sería más coherente.
Ibáñez ha insistido en que la existencia misma del Ministerio de Vivienda demuestra que hay margen competencial y ha reclamado decisiones especialmente en el terreno fiscal.
Tensiones con Junts y debate interno
En relación con el rechazo de Junts, junto a PP y Vox, al decreto de vivienda, Ibáñez ha lamentado la falta de "amabilidad" de la formación de Miriam Nogueras, recordando que mientras "las derechas españoles" quieren verles "en la cárcel", el Gobierno aprobó una Ley de Amnistía que supuso un "desgaste electoral" en numerosos territorios.
Ha apuntado, no obstante, que dentro del partido de Carles Puigdemont se está abriendo un debate interno, con sectores "muy cansados del discurso del no a todo y del miedo a Aliança Catalana".
Sobre la prórroga de alquileres, Ibáñez ha reiterado que es una medida beneficiosa tanto para arrendatarios como para propietarios, ya que "no hay mejor garantía de un inquilino te pague de que le pongas un precio asequible". Y ha rematado: "Lo que tiene que entender la señora Nogueras es que la mejor medida contra la ocupación es no alquilar un zulo a 1.100 euros".
Advertencia sobre el discurso de Vox
Finalmente, el diputado se ha referido al creciente impacto en redes sociales del portavoz de vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, al que considera "mucho más peligroso" que el líder del partido, Santiago Abascal.
Ha explicado que, "a diferencia de otros fascistas de Vox", Quero se muestra cercano en las distancias cortas y proyecta una estética más moderna, y que, unido a un discurso que reconoce la vivienda como un problema de clase y generacional, le ha permitido conectar "mejor que mucha gente de izquierdas en los barrios".
"Creo que el señor Carlos Quero, en ciertos barrios, puede ayudar a que el partido de Vox, que es un partido lamebotas del poder, pueda engañar mejor", ha señalado Ibáñez, aunque ha apuntado que el mensaje de Quero ha virado hacia la remigración y eso "le acorta el espacio".