Este lunes, Sumar ha anunciado la introducción de un Real Decreto Ley con medidas urgentes destinadas a intervenir en el mercado inmobiliario español, que abarca desde la protección inmediata de los inquilinos hasta la restricción de los apartamentos turísticos.
El conjunto de acciones planteado por los socios de coalición tiene como objetivos principales estabilizar los contratos de arrendamiento para salvaguardar a los inquilinos, implementar un régimen sancionador para los alquileres temporales y turísticos, y promover reformas fiscales y jurídicas para detener la adquisición especulativa de propiedades.
En una conferencia de prensa, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha mencionado que estas medidas serán discutidas con los socios de Gobierno para asegurar el derecho a la vivienda, limitar la especulación y aumentar la seguridad jurídica de los arrendatarios.
Sumar planea prorrogar y ‘congelar’ los contratos de arrendamiento, añadiendo tres años a los contratos existentes. En áreas de alta demanda, esta prórroga podría extenderse dos años adicionales, llegando a un mínimo de 10 años, y aplicarse incluso con cambio de propietario.
Además, se establecerá un control de rentas ‘general, inmediato y transitorio’ hasta la designación de zonas de alta tensión, donde los nuevos contratos o renovaciones se mantendrán al precio anterior.
Para combatir el uso indebido de los contratos de temporada o habitaciones, se propone que los alquileres temporales superen los 30 días para no ser considerados turísticos, extendiendo los derechos de arrendatarios regulares a este tipo de alquileres, incluyendo el control de rentas.
En cuanto al segundo eje, se sugiere ajustar el Impuesto Temporal de las Grandes Fortunas para que los dueños de cuatro o más propiedades paguen un 5% anual sobre su patrimonio inmobiliario, además de un descuento del 40% en el Impuesto de Sociedades para alquileres a precios asequibles.
La nueva adquisición de propiedades destinadas al arrendamiento deberá cumplir con los límites de renta establecidos por la Ley de Vivienda para grandes propietarios.
Finalmente, se busca que los alquileres de hasta 30 días se consideren turísticos, sujetos a un IVA del 21%, y se planea elevar a ley la obligación de registrar los alquileres de corta duración para mejorar el control sobre ellos y establecer un régimen sancionador efectivo para los apartamentos turísticos.
‘Estas son medidas eficaces, viables y de aplicación inmediata que ayudarán a recuperar un mercado inmobiliario dominado por actores económicos que se benefician a costa de las familias españolas’, ha declarado Bustinduy.
“Se trata de medidas eficaces, viables y de aplicación inmediata que serán útiles para rescatar un mercado de la vivienda que está secuestrado por agentes económicos que se están lucrando a costa del bienestar de las familias en España”, ha expuesto Bustinduy.
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