Sumar propone en el Congreso nacionalizar viviendas en riesgo de desahucio

Esta semana, Sumar presentará en el Congreso una proposición no de ley solicitando al Gobierno la inclusión en el parque público de las viviendas en riesgo de desahucio, además de «explorar la posibilidad» de expropiar inmuebles desocupados de bancos y fondos de inversión.

La propuesta será expuesta el martes en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, enfocándose en abordar la crisis habitacional, la cual, según el grupo, se ha transformado en un grave problema social debido a la escasez de viviendas asequibles y la desproporción entre salarios y precios inmobiliarios.

Según Sumar, la situación se agrava por la acumulación de propiedades por parte de fondos de inversión y empresas inmobiliarias, y por una insuficiente cantidad de viviendas de alquiler social en España, donde solo existen 320.000 frente a los 1,8 millones necesarios para igualar la media europea.

Entre las medidas propuestas, Sumar sugiere alcanzar el 10% en 2027 y el 20% en 2035 de vivienda pública social y asequible, y asignar al menos el 2% del PIB a políticas de vivienda hasta 2035 con el fin de cuadruplicar la cifra actual.

ASÍ SE ERRADICAN LOS DESAHUCIOS

Sumar planea «erradicar los desahucios» integrando las viviendas en riesgo a la oferta pública, asegurando que el alquiler no exceda el 30% de los ingresos familiares, o estableciendo una renta mínima o una moratoria en situaciones de vulnerabilidad, según las circunstancias específicas que se justifiquen.

Para ello, proponen asignar un presupuesto adecuado a través de la empresa estatal de vivienda, y sugieren que el Gobierno elabore una ley para garantizar la función social de la propiedad, especialmente en suelos urbanos residenciales.

CONSTRUIR 150.000 VIVIENDAS AL AÑO

Sumar también impulsa la construcción anual de 150.000 viviendas públicas sociales y asequibles, a través de empresas municipales y autonómicas o la empresa estatal de vivienda, subrayando la importancia de transferir cuanto antes los activos de suelo y viviendas de la Sareb a SEPES.

Finalmente, Sumar insta a que la gestión de las viviendas públicas sea directa y exclusivamente pública, para asegurar que su uso futuro sea residencial y no para generación de ingresos.