El grupo Sumar ha presentado una propuesta en el Congreso con el objetivo de incrementar la sostenibilidad ambiental de los centros de datos. Según el grupo, producir cien palabras en ChatGPT tiene un impacto equivalente al consumo de una botella de agua y catorce bombillas LED.
Los representantes Júlia Boada (En Comú), Juan Antonio Valero (IU) y Jorge Pueyo (CHA) han introducido una proposición no de ley para su discusión en el Pleno que busca una gestión “sostenible y transparente” de los recursos en esta industria. La información, difundida por Europa Press, cita un estudio de la Universidad de California que compara el uso semanal de ChatGPT por el 10% de los trabajadores en Estados Unidos con el suministro de agua necesaria para una ciudad de un millón de habitantes durante un día y medio.
Debido a que los centros de datos producen una gran cantidad de calor por los miles de cálculos que ejecutan simultáneamente, es esencial un enfriamiento constante para prevenir el sobrecalentamiento de los servidores. El agua es fundamental en este proceso, ya que se utiliza en sistemas para transferir el calor a torres de refrigeración.
Ante esta realidad, Sumar urge al Gobierno a crear y divulgar, con inclusión ciudadana, un plan general para esta industria que se ajuste a las necesidades y limitaciones de recursos del territorio. El plan debería considerar el impacto ambiental y la seguridad en el suministro energético de los centros existentes y futuros, y evaluar el impacto en otras áreas de crecimiento industrial próximas a las instalaciones propuestas.
PROGRAMAS DE REFRIGERACIÓN NATURAL
Sumar propone la adopción de sistemas de refrigeración natural en los centros de datos, el reciclaje y reutilización de equipos, la eliminación de servidores no utilizados, y la mejora en la gestión del aire para prevenir la recirculación del aire caliente. Además, sugiere la implementación de sistemas de certificación para edificios ecológicos.
Finalmente, Sumar insta al Gobierno a priorizar la transposición de la Directiva Europea que establece un régimen común de evaluación para los centros de datos, obligando a las empresas a revelar su consumo de recursos para determinar su rendimiento en sostenibilidad.