Sumar califica de “alarmante” que Alquiler Seguro, compañía sancionada por el Ministerio de Consumo por cobros irregulares a sus inquilinos, haya concurrido al concurso para gestionar más de 1.000 viviendas en alquiler de la entidad pública Casa 47. Ante esta situación, la formación ha reclamado explicaciones al Ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez.
El grupo plurinacional recuerda que Alquiler Seguro fue sancionada con 3,6 millones de euros por “cobros indebidos, imposición de servicios no solicitados y cláusulas contractuales potencialmente ilegales”. Pese a ello, la empresa figura entre la docena de candidatas a encargarse de la gestión del alquiler de más de 1.600 inmuebles de Casa 47, organismo dependiente del Ministerio de Vivienda.
Desde Sumar sostienen que la “mera presencia de esta empresa en el proceso ya revela una falta de exigencia en los filtros iniciales y obliga a preguntarse por los criterios que están rigiendo la selección de posibles gestores de la vivienda pública”.
En la misma línea, el grupo subraya que “se trata de una empresa sancionada por el Ministerio de Derechos Sociales por prácticas abusivas contra los inquilinos, lo que pone en tela de juicio los filtros y los criterios sociales del proyecto (...) la vivienda pública no puede convertirse en un nuevo espacio de negocio para empresas privadas”. Por ello, Sumar ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigida al Ministerio de Vivienda sobre este asunto.
En concreto, la formación interroga al departamento de Isabel Rodríguez acerca de los criterios que se emplearán para valorar la idoneidad de las empresas aspirantes y de qué forma se garantiza la protección de los derechos de las inquilinas.
Asimismo, Sumar quiere que el Gobierno detalle cómo se vela porque la contratación sea coherente con la defensa efectiva de los derechos de las inquilinas y por qué no se otorga prioridad a entidades sin ánimo de lucro, cooperativas o fundaciones con trayectoria contrastada en este ámbito.
Prórroga automática de los contratos de alquiler en 2026
En paralelo, y también en materia de vivienda, el grupo ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para implantar la prórroga automática de los contratos de arrendamiento durante el año 2026, una iniciativa que el sector socialista del Gobierno cuestiona por sus posibles problemas de encaje constitucional.
El portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha remarcado que la propuesta es “completamente constitucional” y que el PSOE no puede seguir “negando a la gente”. El texto, suscrito por varias de las fuerzas integradas en el grupo parlamentario de Sumar (Compromís, Izquierda Unida, Más Madrid y En Comú), argumenta que esta prórroga no constituye una figura jurídica novedosa y que se ha aprobado hasta en ocho ocasiones en los últimos años “sin que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado en contra”.
Según se recoge en la proposición no de ley, “la prórroga de contratos es una propuesta completamente ajustada a Derecho, respetuosa con el marco competencial, proporcional y de urgente necesidad mientras se negocio una legislación más proteccionista con los inquilinos”, concluye Sumar.