Sumar juzga insuficiente la propuesta del PSOE de castigar vía IRPF a los propietarios que decidan incrementar las rentas del alquiler, al considerar que esa fórmula solo recorta un "privilegio fiscal" ya existente. Frente a ello, la formación insiste en que se apruebe una prórroga extraordinaria para los contratos de arrendamiento que vencen este año, con el fin de mantener congelados los precios.
"Los caseros ya disfrutan de un 50% de rebaja en el IRPF, por lo que desincentivar fiscalmente por subidas del alquiler solo es una reducción del privilegio fiscal", han lanzado el socio minoritario de la coalición.
Además, subrayan que la iniciativa del PSOE "no es nueva" y que ya se había puesto sobre la mesa en las negociaciones entre ambas partes del Gobierno. En ese contexto, Sumar defendió que su única opción pasa por una moratoria extraordinaria de alquileres, dado que los estímulos fiscales "no tienen capacidad para frenar la espiral alcista" registrada en los últimos cinco años, con incrementos de más del 40% en las rentas.
Críticas al impacto real de la medida
SOLO TIENE UN EFECTO "COSMÉTICO"
A partir de estos cálculos, el socio minoritario del Ejecutivo sostiene que la penalización o bonificación en el IRPF "seguirá siendo cosmético y sin capacidad real para aliviar la carga de los inquilinos".
Incluso recalca que la fórmula defendida por los socialistas es "injusta" y critica que, una vez más, se sitúe el foco casi exclusivamente en los intereses del arrendador, cuando consideran "urgente" ofrecer "certidumbre, estabilidad y facilidades al inquilino".
"La solución a esta crisis de vivienda no puede partir de la voluntariedad de una parte. En este caso, de la buena voluntad del casero", ha avisado Sumar, al argumentar que la prórroga extraordinaria de los contratos sí resulta efectiva al otorgar a los inquilinos "fuerza negociadora para un potencial acuerdo con los caseros para poder renovar el alquiler sin una subida desproporcionada".
Como ejemplo, recuerdan que en 2021 se formalizaron 632.369 contratos de alquiler que podrían tener que renegociarse en 2026, en un contexto de mercado un 40% más caro que entonces. Esos 632.369 contratos con vencimiento en 2026 afectarían a más de 1,6 millones de personas, cifra que se elevaría a casi 2,7 millones si se incluyen también quienes potencialmente verán finalizar su contrato en 2027.