QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha ordenado la suspensión cautelar del acuerdo marco para los servicios de agencia de viajes de la Administración General del Estado, un contrato valorado en 990 millones de euros. Así lo ha confirmado Gebta a Europa Press, la asociación de viajes corporativos que presentó un recurso contra los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, al que se sumaron IAG7 Viajes y Nautalia, y que continúa “pendiente de resolución”.
Según Gebta, la licitación vulnera de forma “sustancial” los principios y disposiciones de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), al infringir los principios de proporcionalidad, libre concurrencia, igualdad de trato y la exigencia de una motivación suficiente en la preparación del expediente de contratación.
En un comunicado anterior, la asociación ya había cuestionado el modelo de precios fijado en los pliegos, al considerar excesivamente rígida la estructura tarifaria y la obligación de asegurar cupos o tarifas estables durante todo el periodo de vigencia del acuerdo marco. Todo ello, bajo la amenaza de un régimen de penalizaciones y sanciones automáticas que podrían llegar al 10% del importe de cada contrato basado y, en caso de acumularse, alcanzar hasta el 50% del valor total. Gebta califica estas previsiones de “abusivas y contrarias” al funcionamiento real del mercado, además de que “no se ajustan a la naturaleza jurídica de la actividad de las agencias de viajes”.
Este recurso obtuvo el respaldo explícito de la patronal UNAV. Su presidente, José Luis Méndez, reclamó que la Administración modifique “su criterio excluyente” en relación con las normas transversales que “afectan a la industria del turismo y los viajes y se abra a escuchar a los profesionales y expertos a la hora de elaborar normas y desarrollos legales”.
En esa misma línea, Méndez advirtió de que “la consecuencia práctica de esta cláusula es la restricción absoluta de la libertad de empresa y de competencia, porque viene a obligar a los adjudicatarios del acuerdo marco a participar en todos los contratos basados, incluso en aquellos que resulten inviables o contrarios a su interés empresarial”.
La patronal lamentó, además, que “de nuevo se evidencia el nulo interés del legislador en escuchar a las voces autorizadas del sector”, tal y como, a su juicio, ya sucedió con el RD 933/2021, denunciando que “la orden ministerial sigue en el limbo jurídico, con las consiguientes dudas e incertidumbres que ello acarrea”.
En paralelo a las críticas del sector, el proceso de licitación ha evidenciado su falta de atractivo para las empresas. Una vez cerrado el plazo para presentar solicitudes de participación, el pasado 11 de noviembre, no se registró ninguna oferta para ninguno de los dos lotes en los que se estructuraba el objeto del acuerdo marco.
Ante esta ausencia total de interesados, la comisión permanente del órgano competente decidió proponer que se declare desierta la licitación, tal y como figura en el acta del organismo. Esta propuesta quedará formalizada cuando se dicte la correspondiente resolución, que hará efectiva la declaración de concurso desierto.
