La junta general extraordinaria de accionistas de Talgo, reunida este jueves en Vitoria-Gasteiz, ha confirmado la marcha del expresidente de la compañía, Carlos de Palacio, sustituido por José Antonio Jainaga, y ha validado también la entrada de los nuevos miembros del consejo. Asimismo, el órgano soberano de la empresa ferroviaria ha acordado elevar de 73 a 76 años el límite de edad para cesar como consejero.
Este encuentro se ha celebrado justo después de que, el miércoles, la compañía hiciera efectivo el traslado de su domicilio social a la capital alavesa, movimiento que ya había sido anunciado con anterioridad.
Durante la sesión se ha dado cuenta de la dimisión, como consejeros, de Carlos de Palacio y Oriol, anterior presidente de Talgo, y de María Luisa Poncela, dejando constancia formal de su salida del máximo órgano de gobierno.
La junta ha avalado también el nombramiento, por cooptación, de Lorea Aristizabal Abasolo como consejera, acordado por el consejo de administración en su reunión del 4 de febrero de 2026, junto con su reelección por el periodo estatutario de cuatro años como consejera independiente, a propuesta de la comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Este segundo acuerdo ha recibido el apoyo del 89,1% de los 75.117.082 votos emitidos por 129 accionistas, que representan el 55,8% del capital social, mientras que el 10,7% se ha abstenido.
Por otro lado, la junta ha ratificado el nombramiento de Tomás Olano como consejero por cooptación y ha aprobado su reelección, igualmente por un mandato de cuatro años, manteniendo la condición de consejero independiente. Esta propuesta ha salido adelante con el respaldo del 98,1% de los votos.
Además, se ha dejado constancia de la modificación del artículo del Reglamento del consejo de administración relativo a la edad máxima para permanecer en el cargo, que pasa a fijarse en 76 años, frente a los 73 establecidos hasta ahora.
El último asunto tratado, que ha sido aprobado por un 99,93% de los votos, ha sido la delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la junta general extraordinaria de accionistas, “para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción”.