Talgo ha fijado para el 2 de junio la celebración de su primera Junta General ordinaria de accionistas en Vitoria-Gasteiz, después de la adquisición del 27,4% del capital por parte del consorcio vasco. En esta reunión, que llega tras dos Juntas extraordinarias en la capital alavesa, se someterán a aprobación las cuentas de la compañía y la nueva política de remuneraciones.
Tras la operación liderada por Sidenor, que supuso el regreso de la sede social de Talgo a Euskadi, ya se han llevado a cabo en Álava dos Juntas de accionistas de carácter extraordinario, y esta será la primera Junta ordinaria que tenga lugar en el País Vasco. La convocatoria se ha fijado para el 2 de junio en primera convocatoria y el 3 de junio en segunda, aunque lo habitual es que la sesión se celebre en la primera fecha.
La Junta tendrá lugar en el centro Cultural Arkabia de Vitoria-Gasteiz, donde se presentarán para su aprobación las cuentas anuales individuales y consolidadas de 2025, junto con los correspondientes informes de gestión.
En el último ejercicio, Talgo registró unas pérdidas de 100 millones de euros, lo que supuso una mejora del 6,7% respecto a los números rojos de 2024, que ascendieron a 107,9 millones. La empresa alcanzó una cifra de negocio de 618 millones de euros y mantenía una deuda financiera neta de 394 millones.
El orden del día incluye también la validación por parte de los accionistas del estado de información no financiera del ejercicio 2025, recogido en el Informe de Sostenibilidad 2025, así como la gestión social y la actuación del Consejo de Administración durante el último año.
Los accionistas deberán pronunciarse, además, sobre la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a 2025, que consiste en destinar a la cuenta de “Resultados de ejercicios anteriores” la totalidad de las pérdidas generadas en la sociedad matriz Talgo en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025, por un importe de 2.417 miles de euros.
Asimismo, se someterá a votación el informe sobre las remuneraciones de los consejeros en 2025, la nueva política retributiva del Consejo para 2026 y la cuantía a percibir por los miembros del órgano de administración durante este año.
En concreto, se propondrá aprobar un límite máximo de 1.200.000 euros para la retribución conjunta de todos los consejeros en 2026, por todos los conceptos retributivos (excluidos los gastos derivados del desempeño de sus funciones). Finalmente, se planteará la reelección de Deloitte como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2026.