QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Los principales operadores de telecomunicaciones han logrado bloquear desde marzo cerca de 135 millones de llamadas y más de 5 millones de mensajes SMS con fines ilícitos, según ha comunicado este jueves el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Estos datos se encuadran en la puesta en marcha del Plan antiestafas del Ejecutivo, cuyas primeras medidas comenzaron a aplicarse el 7 de marzo de 2025 a través de una orden ministerial que obliga a las compañías a interceptar comunicaciones —tanto llamadas como mensajes de texto— con carácter fraudulento.
Con el paso de los meses desde la entrada en vigor de la normativa, el volumen de llamadas y SMS bloqueados se ha ido incrementando de forma sostenida.
En agosto, en la primera evaluación oficial del Plan, las cifras correspondientes al periodo comprendido entre el 7 de marzo y el 31 de julio recogían el bloqueo de casi 48 millones de llamadas. Entre agosto y noviembre, las operadoras notificaron 87.013.921 llamadas interceptadas, lo que representa un aumento del 81% respecto al tramo anterior.
En el caso de los mensajes de texto, hasta agosto se habían bloqueado más de 2 millones (2.212.950), mientras que entre agosto y noviembre el número de SMS fraudulentos cortados ascendió a 3.006.148, un 35% más de comunicaciones detenidas.
“Está claro que el Plan antiestafas telefónicas y por SMS del Gobierno está funcionando”, ha afirmado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien ha recordado asimismo que “aún falta una última medida que por su complejidad técnica se pondrá en marcha en 2026, y tendrá un impacto sustancial en los SMS fraudulentos que recibe la ciudadanía”.
Base de datos oficial para frenar la suplantación
La iniciativa pendiente consiste en la creación de una base de datos oficial con los códigos alfanuméricos que emplean empresas y administraciones públicas como identificadores en los SMS.
Esta base de datos será administrada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y permitirá inscribir y verificar dichos identificadores.
Con ello se busca asegurar la autenticidad de las comunicaciones, proteger la identidad de las entidades legítimas y facilitar la detección y el bloqueo de intentos de suplantación.
López ha remarcado ante los medios la relevancia de que la CNMC cuente el próximo verano con un registro oficial que ayude a evitar la suplantación de identidad en las comunicaciones electrónicas.
El Ministerio ha detallado que la medida es “muy importante” porque una gran parte de los fraudes por SMS aparentan proceder de una entidad legítima, como una empresa de mensajería o una entidad financiera, con el objetivo de recabar datos sensibles o instalar software malicioso.
Medidas ya aplicadas del Plan antiestafas
El plan del Gobierno se activó el 7 de marzo y, desde esa fecha, los operadores están obligados a bloquear numeraciones que no están asignadas a ningún usuario ni servicio, como los números que comienzan por 3 o por 4.
Posteriormente, desde el 7 de junio, las compañías también deben bloquear llamadas y SMS de origen internacional (salvo aquellos en situación de ‘roaming’) que aparentan haberse originado desde un número español, una de las tácticas más habituales en los intentos de fraude telefónico.
Restricciones a las llamadas comerciales
Además, el Plan prohíbe que las llamadas comerciales y de atención al cliente se realicen desde líneas móviles, ya que una parte significativa de las estafas se producía cuando el usuario recibía llamadas desde móviles nacionales que no tenía registrados en su agenda y no podía identificar al emisor.
Desde ahora, las comunicaciones comerciales y de atención al cliente solo pueden efectuarse con numeración geográfica, numeración específicamente atribuida a comunicaciones comerciales o desde números 800 y 900. Estas numeraciones dejan de estar reservadas exclusivamente a la recepción de llamadas y pasan también a poder emitirlas.
Asimismo, en la Ley de Servicios de Atención al Cliente, que se somete hoy a votación en el Congreso para su aprobación definitiva, se ha incorporado una nueva medida: la asignación de un rango específico de numeración para las llamadas comerciales, que se implantará en un plazo aproximado de seis meses.
A partir de ese momento, las llamadas comerciales destinadas a la captación de nuevos clientes (telemarketing) solo podrán utilizar el nuevo rango numérico que se defina para ese fin.
La Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones atiende consultas sobre los derechos de los usuarios y permite presentar reclamaciones, por ejemplo, si un ciudadano continúa recibiendo llamadas comerciales desde números móviles pese a las nuevas restricciones.
