Telefónica ha presentado este jueves su propuesta definitiva para el expediente de regulación de empleo (ERE) en Movistar+, en la que reduce la afectación a 175 salidas, un 41% menos frente a las 297 inicialmente planteadas. Con este ajuste, el conjunto del despido colectivo que involucra a siete filiales del grupo se situará en un mínimo de 4.539 bajas, lo que supone un recorte del 25,4% respecto a las 6.088 que se barajaban al inicio de las conversaciones.
En este escenario, UGT ya ha dado su respaldo a las últimas ofertas de la compañía tanto en la negociación de los siete ERE como en la renovación de los tres convenios colectivos que regulan las condiciones laborales de las filiales incluidas en el proceso.
Se prevé que CCOO ratifique también la propuesta en la reunión de su consejo convocada para mañana. Por su parte, Sumados-Fetico —con representación en las tres sociedades del Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), esto es, Telefónica de España, Móviles y Soluciones— igualmente tiene previsto apoyar las condiciones pactadas para las empresas en las que cuenta con delegados.
Con todo ello, la previsión es que el acuerdo global entre Telefónica y las organizaciones sindicales, tanto para los ERE como para la actualización de convenios, quede cerrado el próximo lunes, 22 de diciembre.
Oferta final
Este miércoles, la operadora presentó su oferta final para las tres principales filiales del grupo acogidas al CEV. La afectación se reparte así: 2.925 salidas en Telefónica de España (casi el 33% de una plantilla de 8.892 personas), 720 en Telefónica Móviles (20% de un total de 8.892) y 120 en Telefónica Soluciones (cerca del 11% de los 1.118 trabajadores), sumando 3.765 bajas en estas tres sociedades.
La propuesta inicial contemplaba 5.040 salidas en el perímetro del CEV, pero la oferta definitiva establece una horquilla entre 3.765 y 5.040 bajas, condicionada al número de adhesiones voluntarias que se registren.
Así, si se alcanzan 3.765 adhesiones voluntarias, no se ejecutarían más despidos. En cambio, si se produjeran, por ejemplo, 5.300 solicitudes voluntarias, el tope máximo seguiría fijado en 5.040 salidas.
En el supuesto contrario, si únicamente hubiese 3.000 adhesiones voluntarias, se completarían 765 despidos forzosos hasta llegar a las 3.765 bajas, cifra que marca el umbral máximo de afectación del ERE cuando la voluntariedad no es suficiente.
Además, el pasado martes la compañía trasladó su oferta final para Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A. —las denominadas GBU's—, donde el volumen de recortes se ha reducido un 20% respecto al planteamiento inicial, hasta un total de 599 salidas (152 menos que las 751 previstas al principio).
En estas tres filiales, la afectación quedaría distribuida de la siguiente manera: 112 bajas en Telefónica Global Solutions (en torno al 18% de una plantilla de 638 personas), 186 en Telefónica Innovación Digital (casi el 19% de 993 empleados) y 301 en Telefónica S.A. (cerca del 26% de los 1.160 efectivos), lo que suma las citadas 599 salidas.
A estas cifras se añaden las 175 bajas planteadas para Movistar+, equivalentes al 20,3% de sus 860 trabajadores. En el arranque de la negociación, el ajuste previsto en esta filial ascendía a 297 puestos, casi el 35% de su plantilla.
En conjunto, las 4.539 salidas mínimas fijadas para el ERE implican que Telefónica recortará, como mínimo, alrededor de un 26% del empleo en las siete sociedades afectadas, que suman actualmente 17.248 trabajadores.
Este porcentaje representa nueve puntos menos que el 35% de reducción de plantilla que se llegó a plantear en el primer borrador.
Condiciones económicas del ERE
En el capítulo de indemnizaciones, la oferta de la compañía para todas las filiales establece distintos tramos de renta. Para los nacidos entre 1969 y 1971 se propone el 68% del salario regulador hasta los 63 años y el 38% a partir de esa edad, con la particularidad de que en Movistar+ quedan excluidos los nacidos en 1971.
Para los empleados nacidos entre 1965 y 1968, la renta sería del 62% hasta los 63 años y del 34% posteriormente, mientras que para quienes nacieron en 1964 o antes los porcentajes se fijan en el 52% hasta los 63 años y el 35% a partir de entonces.
En cuanto a los requisitos para acogerse voluntariamente al ERE, en las empresas del CEV se exige una antigüedad mínima de 15 años durante la vigencia del proceso, que se extenderá, en su caso, hasta el 31 de diciembre de 2028. Para las GBU's (Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A.) se requieren 13 años de antigüedad, aunque en este ámbito la duración máxima del procedimiento se limita al 31 de diciembre de 2026.
En las GBU's, además, se contemplan primas de voluntariedad ligadas a la antigüedad, que oscilan entre 5.000 y 18.000 euros, el doble de la horquilla de entre 2.500 y 9.000 euros que se manejaba en reuniones previas.
En detalle, las cuantías serían de 5.000 euros para quienes acumulen menos de 8 años en la empresa; 7.000 euros para los que tengan entre 8 y 12 años; 9.000 euros entre 12 y 16 años; 12.000 euros entre 16 y 20 años; 15.000 euros para una antigüedad de entre 20 y 24 años; y 18.000 euros para quienes superen los 24 años de servicio.
En este contexto, la principal demanda sindical en el conjunto del proceso ha girado en torno a la voluntariedad, con el objetivo de evitar salidas "traumáticas".
El anterior ERE de Telefónica se cerró con la salida de 3.420 empleados, un 33% menos que las 5.124 bajas inicialmente planteadas, tras un acuerdo con los sindicatos alcanzado en enero de 2024.
El coste del expediente de 2024 rondó los 1.300 millones de euros antes de impuestos, con un desembolso medio de unos 380.000 euros por trabajador, una cuantía inferior a la de otros planes de salidas ejecutados por la compañía en años precedentes.
Sin embargo, el ahorro medio anual derivado de aquel ERE se sitúa en torno a 285 millones de euros.
El nuevo expediente que está a punto de cerrarse se integra en el plan estratégico que Telefónica presentó a comienzos de noviembre, que contempla ahorros de costes de unos 3.000 millones de euros de cara a 2030 (2.300 millones hasta 2028), incluyendo partidas relacionadas con el personal.
La intención de la empresa es que el acuerdo definitivo del ERE se rubrique antes del cierre del actual ejercicio fiscal, de forma que su impacto no distorsione las cuentas del próximo año.