Telefónica llevará este jueves, 26 de marzo, a su junta general ordinaria de accionistas la propuesta de incorporar a la directiva australiana Jane Thompson como consejera independiente, en sustitución de José María Abril, representante de BBVA, que abandonará el consejo de administración de la 'teleco' tras 19 años en el órgano.
Thompson asumirá la vacante que deja Abril, actual vicepresidente y consejero dominical en nombre de BBVA, que integraba el máximo órgano de gobierno de Telefónica desde julio de 2007 y cuyo mandato, renovado en abril de 2022, concluye precisamente en esta junta.
El presidente de Telefónica, Marc Murtra, señaló durante la presentación de resultados de la compañía que la marcha de Abril, el consejero con más antigüedad después de Isidro Fainé, obedece a que el banco considera que su presencia en el capital de la operadora ya no es "estratégica".
El presidente de CriteriaCaixa y de la Fundación La Caixa se incorporó al consejo de administración de la 'teleco' el 26 de enero de 1994.
En este escenario, el 'holding' inversor de la Fundación Bancaria La Caixa mantiene una participación del 9,9% en Telefónica y se integra, ya sin BBVA, en el denominado 'núcleo estable' del accionariado de la operadora a través de la figura de Fainé.
Renovación del consejo y dividendo al accionista
La 'teleco' someterá también a votación la continuidad de María Luisa García Blanco como consejera independiente, junto con la ratificación y nombramiento de Anna Martínez Balañá, César Mascaraque Alonso y Mónica Rey Amado para ese mismo rol, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El orden del día contempla igualmente la aprobación de una retribución al accionista mediante un dividendo con cargo a reservas de libre disposición, por un importe bruto de 0,15 euros por acción, a pagar el próximo 18 de junio, así como la validación de la nueva política de remuneraciones del consejo de administración.
Asimismo, se prevé la delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos que adopte la junta, junto con la votación consultiva del informe anual 2025 sobre las remuneraciones del órgano de administración.
La compañía propondrá además mantener a PwC como auditor de cuentas para 2026 y su designación para los ejercicios 2027, 2028 y 2029.
Telefónica someterá también a la aprobación de los accionistas las cuentas anuales individuales y consolidadas de 2025, junto con el informe de gestión de la sociedad y de su grupo.
La junta deberá pronunciarse, asimismo, sobre el estado de información no financiera y de sostenibilidad del grupo consolidado, incluido en el informe de gestión, así como sobre la actuación del consejo de administración durante el último ejercicio.
El fondo soberano noruego y los fondos de California se rebelan contra las remuneraciones
Norges Bank Investment Management (NBIM), gestor del Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega y titular de un 1,5% del capital de Telefónica, junto con los fondos Calpers y Calstrs, avanzan que votarán en contra del informe de remuneraciones de Telefónica en la junta.
En su argumentación, el fondo noruego ha subrayado que "el consejo de administración es responsable de atraer al director ejecutivo adecuado y de establecer una remuneración apropiada".
A juicio de la entidad escandinava, una parte relevante de la remuneración anual "debería otorgarse en forma de acciones bloqueadas durante un período de entre cinco y diez años, independientemente de una posible dimisión o jubilación".
Además, ha remarcado que "el consejo debe proporcionar transparencia sobre la remuneración total para evitar resultados inaceptables", al tiempo que ha señalado que "debe garantizar que todos los beneficios tengan una justificación empresarial clara". "Los ingresos computables para la jubilación deberían representar una parte minoritaria de la remuneración total", ha concluido.
Pese a ello, NBIM respaldará el resto de puntos del orden del día, según la documentación consultada por Europa Press.
Por otro lado, los fondos de pensiones públicos de California, Calpers y Calstrs, tienen previsto votar en contra de la reelección de María Luisa García Blanco como consejera.