El Ministerio de Trabajo ha anunciado un acuerdo con CCOO y UGT sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026. Así, el SMI ha quedado fijado en 1.221 euros mensuales en catorce pagas, lo que supone un incremento del 3,1% respecto a la cuantía fijada para 2025.
Con el fin de atraer a las patronales CEOE y Cepyme a este acuerdo, el Ministerio de Hacienda había perfilado un incentivo fiscal. Sin embargo, la patronal no se ha sumado finalmente al pacto.
La subida del SMI tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, según ha informado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, al término de la última reunión de la mesa de negociación.
El 'número dos' de Trabajo ha señalado igualmente que el departamento que dirige Yolanda Díaz ha adquirido el compromiso y “va a llevar adelante” una modificación del actual decreto que regula los salarios mínimos interprofesionales, con el objetivo de impedir que los complementos salariales puedan ser absorbidos, tal y como venían reclamando las organizaciones sindicales.
“No es posible que la subida del salario mínimo se pierdan por el camino, no lleguen al bolsillo de las personas trabajadoras. Vamos a reformar las reglas de absorción y compensación”, ha insistido Pérez Rey.
Rechazo patronal
“No hemos podido incorporar a la patronal, como hubiera sido nuestra voluntad, a este acuerdo de diálogo social. Hemos negociado sin resuello, nos hemos dejado la piel. Hemos buscado propuestas y contrapropuestas para que CEOE y Cepyme pudieran hoy acompañarnos en la presentación de este acuerdo de salario mínimo interprofesional, pero finalmente no ha sido posible”, ha subrayado Pérez Rey al anunciar el acuerdo con los sindicatos.
La patronal por su parte, ha difundido un comunicado en el que aseguran que "nunca se había visto una falta de respeto y un desprecio tan claro al diálogo social como el que estamos presenciando en estos días".
CEOE y Cepyme destacan que han constado un "conflicto entre ministerios sin precedentes" que les ha abocado a no apoyar la propuesta de subida del SMI planteada por el Gobierno. Además, dennucnian no haber recibido ninguna propuesta en firme.
Sobre el incentivo fiscal planteado por el Gobierno con el fin de atraer a CEOE y a Cepyme al pacto, esta mañana, estas organizaciones habían calificado de "trilera" la propuesta, al considerar que "no compensa los costes asociados a la actualización del SMI planteada". La patronal también había dicho que "establece condiciones inalcanzables para la mayoría de las empresas y, sobre todo, supone una nueva injerencia en la negociación colectiva y la libertad de empresa. Es puro intervencionismo". Tesis que ha quedado ratificada en el documento publicado al término de la reunión.
ASí Era la oferta rechazada por la patronal
El Ministerio de Hacienda había diseñado un incentivo fiscal progresivo vinculado al aumento del empleo para facilitar el acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026, que se ha elevado hasta 1.221 euros mensuales en catorce pagas, un 3,1% más que en 2025.
Según el esquema elaborado por el departamento que dirige María Jesús Montero, las empresas podrían acceder a una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades que podría compensar hasta el 100% del incremento del SMI, siempre que cumplieran determinados requisitos de creación y mantenimiento de empleo.
El incentivo estaba dirigido a compañías que abonen salarios por encima del SMI y que incrementen su plantilla media al cierre del ejercicio fiscal respecto al inicio del mismo. Además, el nivel de empleo alcanzado deberá mantenerse durante los dos ejercicios posteriores.
Requisitos según el tamaño de la empresa
En el caso de las empresas de menos de 100 trabajadores, era necesario aumentar la plantilla en al menos un empleado a tiempo completo durante un año. Para las compañías de 100 o más empleados, el requisito se elevaba a dos trabajadores adicionales o un incremento mínimo del 1% de la plantilla.
La cuantía de la rebaja fiscal crecería en función del refuerzo del empleo. Cuando el aumento de la plantilla fuera inferior al 5%, la reducción alcanzaría el 25% de la subida bruta del SMI. Si el crecimiento se situaba entre el 5% y el 10%, el porcentaje ascendería al 50%; entre el 10% y el 15%, al 75%; y si el incremento era igual o superior al 15%, la deducción podría llegar al 100% del alza salarial.
Límites y condiciones
Para acogerse a este incentivo, los gastos de personal deberían representar más del 70% de los gastos asociados al resultado de explotación de la empresa. En ningún caso la aplicación de la rebaja podría dar lugar a una base imponible negativa.
El borrador de Hacienda establecía además que el incumplimiento de cualquiera de las condiciones daría lugar a la regularización de las cantidades deducidas, junto con los correspondientes intereses de demora.
Último intento de consenso
Con este mecanismo, el Ministerio de Trabajo buscaba atraer a CEOE y Cepyme al acuerdo sobre el SMI.
El incentivo fiscal pretendía animar a las empresas a mejorar los salarios más bajos de sus plantillas y reducir la dependencia del SMI.